Fraga propone que las acusaciones por aplicar la ley antiterrorista se juzguen en Madrid

El presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, ha promovido personalmente una proposición no de ley, presentada ayer en el Congreso por el Grupo Popular, para que los delitos en los que puedan incurrir los miembros de la seguridad del Estado en su aplicación de la ley antiterrorista sean juzgados exclusivamente por la Audiencia Nacional y no en las audiencias provinciales, como en la actualidad. De esta manera se pretende atenuar la tensión existente entre jueces y funcionarios de policía, Guardia Civil y Policía Nacional destacados en el País Vasco. Los populares instan al Gobierno para que modifiquen la legislación en este sentido en un plazo no superior a tres meses.El diputado del Grupo Popular José María Ruiz Gallardón reconoció que con esta propuesta se pretende "aliviar de tensión" a las audiencias provinciales y dotar a las fuerzas de seguridad de "tranquilidad espiritual en orden a que sus casos se vean con absoluta imparcialidad".

En los pasados días, el presidente del Gobierno, Felipe González, mostró su preocupación por la "desmoralización" que apreciaba en las fuerzas de seguridad del Estado por sus conflictivas relaciones con la judicatura del País Vasco. Como ejemplo citó las ruedas de 30 o 40 policías sometidos a la observación de un ciudadano vasco que denuncia malos tratos para ver si reconoce al presunto autor, y todo ello por orden del juez. Una alta personalidad del Ministerio del Interior mostraba la pasada semana ante un grupo de periodistas la misma preocupación por estas situaciones.

El Grupo Popular propone que el Gobierno, en un plazo de tres meses, debe adaptar la legislación vigente en orden a fijar con carácter excluyente la competencia a juzgados centrales y Audiencia Nacional de todos aquellos supuestos delitos en que pudieran incurrir los miembros y cuerpos de seguridad del Estado que resulten cometidos en relación con el ejercicio de las misiones que les encomienda la ley antiterrorista.

En la exposición de motivos de esta proposición no de ley, el Grupo Popular se basa en que es precisamente la Audiencia Nacional quien entiende de los delitos cometidos por bandas armadas y organizaciones terroristas.