Los recaudadores

Los casos de picaresca en los que la recaudación de impuestos municipales y del Estado son patrimonializados en beneficio privado (véase EL PAIS del pasado 9 de junio) no pueden ser despachados como meras corrupciones aisladas, sino que remiten a un marco normativo sospechoso de inconstitucionalidad e impropio de un Estado moderno. Sin duda, la inmensa mayoría de las personas que tienen a su cargo la delicada tarea de recaudar -por cuenta del Tesoro o de los ayuntamientos y bajo la encomienda de las diputaciones provinciales- la contribución rústica o urbana, los impuestos de lujo y la tributación municipal desempeñan su trabajo con honradez y dedicación. Frente al billón de pesetas recaudado anualmente por esos canales, la cifra de 500 millones supuestamente defraudados en los 11 casos denunciados en los dos últimos años puede parecer despreciable. Sin embargo, el dato a retener es la insuficiencia de los mecanismos de control establecidos por la legislación vigente y la entrega en subarriendo a terceros de la gestión tributaria.Buena parte de los recaudadores de las administraciones públicas son funcionarios en ejercicio o en situación de supernumerarios, que acceden a ese trabajo mediante un examen o concurso y el depósito de una fianza. Cinco mil personas, entre los recaudadores y sus empleados, desempeñan hoy día oficios tributarios indirectos. Según algunos expertos, ese panorama resulta difícilmente compatible con el ordenamiento jurídico definido por la Constitución de 1978. La cesión a manos privadas de la función tributaria no sólo contradice uno de los rasgos característicos del Estado moderno, sino que abre también las puertas a fenómenos de clientelismo y nepotismo en las oficinas recaudatorias. Si a los ciudadanos se les ordena contribuir al mantenimiento de las instituciones públicas con el argumento de que la solidaridad comunitaria así lo exige,, resulta cuando menos paradójico que algunas exacciones sean encomendadas a organizaciones particulares, que actúan de manera delegada en nombre de las administraciones públicas.

La falta de capacidad de las administraciones públicas para controlar ese régimen de subarriendo de tributos se ha manifestado ocasionalmente en descubrimientos tardíos de fraudes y malversaciones. Según algunas informaciones, el proyecto del Gobierno socialista de, modificar la legislación vigente sobre esta materia quedó paralizado por los intereses creados y las presiones corporativistas que se mueven en el mundo de la recaudación de impuestos.

La reforma se proponía hacer más transparentes las relaciones entre la Administración y los contribuyentes (evitando, entre otras cosas, las enormes colas ante las oficinas recaudatorias), así como otorgar a las diputaciones provinciales los medios suficientes para ejecutar y fiscalizar las tareas tributarias. Esos planes támbién incluían el proyecto de homologar a los recaudadores locales con los inspectores de Hacienda, a fin de acabar con esa figura híbrida de cobrador a porcentaje en el que se confunden los intereses privados con el mandato público. Por muy cargado que se halle el programa legislativo del Gobierno socialista, parece indispensable que la legislatura del cambio ponga fin a un régimen tributario tan anómalo, que, nos hace retroceder a la época anterior a la constitución del Estado moderno.