Los conservadores sugieren que el Rey designe los 12 vocales judiciales del Consejo General

El Grupo Parlamentario Popular se opondrá hoy frontalmente al proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que se debatirá en el Pleno del Senado. Los dirigentes del grupo conservador anunciaron ayer que no participarán en las votaciones sobre tina ley que significa, dijeron, "un asalto al poder judicial". Como alternativa a la elección parlamentaria de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que venían eligiendo los magistrados, el Grupo, Popular estudia una propuesta, para que sea el Rey quien designe directamente a tales consejeros.

En un encuentro con informadores celebrado ayer, en palabras del portavoz conservador Juan de Arespacochaga, "para crear expectación sobre el Pleno", el senador José María Lafuente anunció que el Grupo Popular explicará hoy su posición sobre la ley y ofrecerá soluciones alternativas, que no quiso anticipar, según dijo, "por secreto profesional". Sin embargo, el senador Lafuente sugirió que entre el sistema actual de elección de los 12 consejeros de procedencia judicial por los jueces y magistrados -estimada corporativista por el PSOE- y la elección parlamentaria, existen otras fórmulas para atribuir la designación de dichos vocales del CGPJ a instancias moderadoras".Preguntados los dirigentes del Grupo Popular sobre el apoyo constitucional que tendría atribuir al Rey esta competencia, Arespacochaga cortó la respuesta y negó que fuera el momento adecuado para ofrecer tales argumentos ni anticipar el debate ni las enmiendas transaccionales que hoy se presentarán. Fuentes oficiales de Alianza Popular (AP) consultadas por este periódico aseguraron que en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en la tarde de ayer, a la que asistió Arespacochaga, no se trató sobre este asunto. Las mismas fuentes señalaron que, en todo caso, "en AP sería bien acogida esa fórmula".

Otras fuentes aliancistas recordaron que el artículo 122.3 de la Constitución establece que los 20 miembros del CGPJ serán "nombrados por el Rey por un período de cinco años" y, mientras para los ocho de elección parlamentaria señala que cuatro lo serán "a propuesta" del Congreso y otros cuatro "a propuesta" del Senado, al referirse a los 12 que el Rey nombrará "entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales...", el precepto constitucional se limita a añadir "...en los términos que establezca la ley orgánica". Según estas fuentes, tan ajustada a la Constitución es esta fórmula. como la actual de elección por los propios magistrados y mucho más que la elección parlamentaria, siempre, en todo caso, que se incorpore a la LOPL

Fuentes parlamentarías socialistas expresaron su perplejidad ante la iniciativa y aseguraron que esta fórmula sería "plenamente inconstitucional", ya que "no basta con interpretar literalmente el artículo 122, sino que hay que tener en cuenta", afirmaron, "que en otros preceptos se establece que los actos del Rey deberán ser siempre refrendados y de ellos serán responsables las personas que los refrenden, salvo en lo que se refiere a los miembros civiles y militares de la casa del Rey, que podrán ser nombrados y relevados libremente por el Monarca".

Críticas a la ley

Por lo demás, ante el Pleno del Senado de hoy, el grupo conservador explicó su actitud de no participar en las votaciones en el deseo de no "hacerse cómplice" de la aprobación del texto actual de la LOPJ, por ser la primera ley orgánica que se tramita sin posibilidad de interponer recurso previo, "atentar profundamente a la independencia del poder judícia1% "permitir al Ejecutivo amordazarlo" y ser una ley "no sólo anticonstitucional, sino antidemocrática".

Entre los aspectos más negativos de la ley, los senadores populares destacaron, junto a la elección parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ, "el nombramiento por el Gobierno de más de 7.000 jueces de paz" (el proyecto de LOPJ dice que serán elegidos por los ayuntamientos), la aceleración del proceso de jubilación de jueces y magistrados "en perfectas condiciones para seguir" y el acceso a la judicatura "sin previas oposiciones y con criterios de objetividad dudosa".