Las condiciones de la solidaridad

LA DECLARACIÓN del fiscal Valerio (véase EL PAIS de hoy y del 25 de mayo) en respuesta a las preguntas del abogado de la acusación particular en el caso Brouard, arroja nuevas luces sobre el tema. Valerio subraya que el comisario Rosinos -perteneciente a la Brigada de Información de Bilbao y encargado inicialmente de la investigación- Ie prestó toda su colaboración, mostró un "interés sincero en la resolución del caso" y gozó de "total libertad y autonomía". El fiscal señala que las investigaciones "fueron directamente impulsadas, con cobertura económica ilimitada, por el señor ministro del Interior" y estuvieron "alentadas" por el titular de ese departamento. Durante esa etapa inicial "se avanzó con seguridad y rapidez", hasta el punto de que durante la segunda quincena de diciembre "se estaba muy cerca de los primeros datos concretos, aportables al sumario, sobre el caso". Por esas fechas, sin embargo, las gestiones policiales -según el fiscal Valerio- "se vieron fuertemente obstaculizadas" a causa de que algunas personas .pertenecientes a otros servicios policiales o de inteligencia" se interfirieron en las pesquisas y "espantaron la pista" que seguía la brigada de Bilbao.El fiscal señala su "plena seguridad" en que el atentado "sorprendió y dolió en las altas instituciones del Estado", y que "los posibles planes y estrategias políticas del Gobierno para acabar con el terrorismo se resintieron mucho con este asesinato". La convicción de que la muerte de Santiago Brouard perjudicó los proyectos del poder ejecutivo es hoy casi unánime y no se debilitaría -antes bien, quedaría fortalecida- si se confirmara la hipótesis de la participación de la extrema derecha en el crimen y la vinculación parapolicial de sus autores. Sectores de Herri Batasuna parecen igualmente convencidos de que si se verificara la autoría de la extrema derecha, incluso conectada con el aparato parapolicial, las motivaciones del asesinato serían autónomas. Una de las consecuencias del atentado fue la paralización del proceso negociador iniciado con ETA. O sea, que es imposible suponer que el Gobierno no esté interesado en investigar los hechos. La preocupación de sectores del Gobierno -hecha patente por el ministro de Justicia al fiscal general- tras la recepción de los oficios judiciales, puede entenderse, desde luego, como una presión, motivada por las sospechas eventualmente vertidas sobre los servicios de seguridad. Pero las sospechas de Valerio sobre esas tramas negras excluyen tajantemente la existencia de cualquier orden de arriba. Valerio insiste en que un confidente de los aparatos de seguridad, perteneciente a "algún servicio policial o de inteligencia", facilitó una información, 15 días después del crimen, sobre una reunión celebrada en Madrid por un grupo de ultraderechistas para preparar el asesinato de Brouard. Esa pista, luego borrada, hubiera permitido, "bien la identificación de los sicarios que perpetraron el crimen, bien la identificación de los inductores que participaron en la reunión previa". Una segunda persona, un infiltrado "que mantenía algún tipo de contacto o vinculación con algún no determinado servicio policial o de inteligencia", había participado en ese conciliábulo o tenía conocimiento de su celebración. En opinión de Valerio, ese infiltrado no informó a la policía de la conjura criminal, sino que actuó "por su propia cuenta" o "al servicio de otros intereses".

Toda esta explicación, menos rocambolesca de lo que parece, vuelve a poner de relieve, como también sucede con el caso del espionaje sobre los partidos, la existencia de poderes policiales autónomos que el Gobierno no controla. La actual ofensiva terrorista, desencadenada en medio de la crisis del Ministerio del Interior, se beneficia de las incertidumbres que estos dos casos -Brouard y espionaje- generan en la opinión pública. La táctica empleada por los socialistas de amparar cualquier tipo de actuación de las fuerzas de seguridad y confundir el debate político con los procesos judiciales no hace más que volverse contra el Gobierno. En cambio, cuando el ministro del Interior ha ejercitado la autoridad y no la complacencia (con los ceses de los mandos militares de la Policía Nacional) y cuando el Gobierno ha elegido las vías del diálogo y no de la confrontación (en la negociación con los sindicatos policiales del nuevo régimen disciplinario de la Policía Nacional), los réditos de esas actitudes han sido satisfactorios. En definitiva, eso ha sucedido cuando el Gobierno se ha dedicado a cumplir su programa y no a transigir con la realidad que había prometido cambiar.

La victoria contra el terrorismo, que ayer se cobró tres nuevas víctimas -entre ellas, la de un niño de catorce años-, exige, como decíamos hace dos días, la solidaridad de los ciudadanos y el Estado. Pero por eso mismo, los responsables del poder no pueden dar la espalda a la opinión pública ni desoír sus requisitorias.