Canarias y el ingreso en la Comunidad Europea
Ya desde que se iniciaron las negociaciones para la adhesión de España a la Comunidad Europea, el tema de la vinculación que Canarias debía tener en la Comunidad ampliada creó todo un estado de ánimo expectante y una amplia discusión entre los sectores de más peso en la economía canaria.Como consecuencia de ello, y desde un primer informe realizado en 1979, y del que me cupo el honor de la autoría, Canarias ha sido la zóna española más estudiada en relación a las perspectivas abiertas por la integración en la Comunidad Europea. Técnicos nacionales y extranjeros han dado su versión sobre los costes y beneficios que hacer entrar o no a Canarias en el Cordón Aduanero Comunitario, aplicarle la política agrícola común que la Comunidad hace aceptar a los nuevos países miembros o aceptar el resto del acervo comunitario podían tener sobre la economía canaria y sobre sus posibilidades de desarrollo.
Las peculiaridades jurídicas del archipiélago y los intereses económicos que se han creado en tal entorno hacían muy difícil que Canarias pudiera llegar a formular una propuesta sobre su vinculación a la Comunidad en el contexto de la integración de España a la CEE. Tanto fue así que no se consiguió conciliar una postura común que transmitir a Madrid -en base a las atribuciones que le confiere en este sentido a Canarias la Constitución española y la ley 30/1972, de 22 de julio, de Régimen Economico Fiscal de Canarias- hasta diciembre de 1983, meses después, de las elecciones autonómicas de mayo de 1983.
Difícil equilibrio
El documento-postura canario, asumido por el Gobierno español, fue presentado a la CEE en la sesión del 21 de febrero de 1984, y en él se establecía un difícil equilibrio entre el deseo de que Canarias sea considerada territorio de la Comunidad y el deseo de mantener el régimen económico fiscal de las islas basado en el puertofranquismo y la libertad comercial.
La verdad es que había un cieroto escepticismo en que la CEE aceptara el régimen híbrido que se pretendía para la adhesión, y el propio Gobierno español asumió la defensa del documento canario consciente de que entrar en la Comunidad, pero quedar fuera del Cordón Aduanero Europeo, fuera de las organizaciones comunes de mercado de la política agrícola común y fuera del sistema del impuesto sobre el valor añadido", era casi una utopía a la vista de los regímenes excepcionales quela Comunidad mantiene respecto a diversos territorios de algunos de sus países miembros.
A pesar de esta realidad, hay que decir, en honor a la verdad, que la propuesta se vendió muy bien en Bruselas, y por ello el Documento de la Comisión Europea de octubre de 1984 aceptó lo esencial de la declaración española sobre Canarias, haciendo hincapié en que la entrada en la Comunidad no debería originar una recesión económica en Canarias que amenazara su estabilidad política.
Déspués, en estos últimos meses, hasta la sesión del 28-29 de marzo de 1985 de la conferencia negociadora España-CEE, la postura sobre las condiciones de la incorporación de Canarias a la Comunidad se ha ido perfilando en una forma que, a falta de concretar -como flecos finales de la negociación hispano-comunitaria- algunos de los contingentes para las exportaciones canarias, sólo encuentra ya a unos opositores: los agricultores-exportadores hortofrutícolas.
Precios de referenciaEl punto más conflictivo existente se refiere a la obligación que ha impuesto, a última hora de la negociación, la Comunidad de que los productos agrícolas canarios exportados a la CEE respeten los precios de. referencia establecidos por la Comunidad para proteger a sus agricultores. La postura comunitaria es formalmente lógica si tenemos en cuenta que Canarias se ha salido con la suya de quedar fuera de las reglamentaciones de la política agrícola común, pero este argumento no resulta suficiente para los exportadores de tomates, pepinos, berenjenas y calabacines, que temen ser asaeteados por las tasas compensatorias, que los echarían del insustituible mercado comunitario una vez finalizado el período transitorio negociado.
A partir de aquí, el ambiente económico canario está caldeado ante el argumento de los agricultores exportadores de que pueden perderse 75.000 puestos de trabajo directos e inducidos debido, sobre todo, a que las exportaciones de productos hortícolas desde el sureste de la Península -hechas entonces desde dentro del cordón proteccionista agrario de la CEE- dejarán fuera de mercado a los productos canarios con losque comparten hoy los mercados europeos en base a una bien pactada ordenacion sectorial llamada a desaparecer en el contexto CEE.
Con los problemas de desempleo que tiene España es posible que esta cifra esgrimida -presumiblemente exagerada- no resulte concluyente, y más, por descontado, si se considera que en las propias Canarias los comerciantes y operadores turísticos están contentos del resultado de la negociación, que les permite salvaguardar el puertofranquismo; que los plataneros ven en la práctica cómo les queda reservado el mercado peninsular, y que los tabaqueros no tienen queja respecto al tratamiento que les espera a sus inputs y a sus outputs tras la adhesión parcial a la Comunidad.
La cuestión, sin embargo, exige un análisis que pondere debidamente las cuestiones, tanto económicas como políticas, que supone la creación del frente común de protesta agrícola canario -medianías insulares incluidas- y fuerza a que España le recuerde a la Comunidad el buen espíritu de entendimiento de la cuestión canaria que mostró al aceptar el concepto global de la propuesta del archipiélago y la cláusula de reexamen del régimen aplicable a Canarias que quedó plasmada en el punto IV del acta de Conclusiones sobre Canarias de la conferencia negociadora para nuestra integración en la CEE. Y todo esto con mayor motivo si tenemos en cuenta que la Comunidad le exige a España el pago de contribución por IVA en relación a la renta generada por Canarias.
