El poder judicial lleva al Parlamento ante el Tribunal Constitucional

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, por mayoría, plantear ante el Tribunal Constitucional conflicto de competencias con el Congreso de los Diputados. Esta Cámara manifestó el pasado 30 de abril, en respuesta al requerimiento del CGPJ, que cuando introdujo en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la elección parlamentaria de los 12 vocales del CGPJ de procedencia judicial actuó en el ejercicio legal de sus atribuciones. Será ahora el alto tribunal el que resuelva si hubo o no invasión de competencias.

La decisión del máximo órgano de gobierno del poder judicial, adoptada ayer en un ambiente de tensión entre los consejeros, se corresponde con la actitud de rechazo manifestada por la mayoría conservadora de la judicatura a la iniciativa socialista de que el Parlamento elija no sólo ocho de los 20 vocales del CGPJ, sino todos ellos. La mayoría socialista, apoyándose en una enmienda del diputado abertzale Juan María Bandrés, incorporó dicha iniciativa al proyecto de ley orgánica del Poder Judicial.El 27 de marzo pasado, el presidente del CGPJ, Federico Carlos Sainz de Robles, propuso al Consejo el planteamiento de conflicto constitucional con el Congreso de los Diputados, por entender que había invadido las competencias de este órgano, tanto en lo relativo al nuevo sistema de elección de todos los consejeros como por la atribución al Gobierno de la potestad reglamentaria sobre el estatuto de jueces y magistrados.

El 30 de abril último, el Congreso de los Diputados contestó al requerimiento del CGPJ negando haber invadido atribuciones del órgano de gobierno del poder judicial. A partir de ese momento quedó expedita la vía para el planteamiento del conflicto ante el Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver definitivamente entre los 70 y los 100 próximos días, de acuerdo con los plazos legales previstos, pero en todo caso cuando ya se encuentre en vigor la ley orgánica del Poder Judicial.

La posibilidad, que en medios jurídicos se considera remota, de que el Tribunal Constitucional decidiera anular el acuerdo del Congreso hace abrigar esperanzas a la oposición conservadora, en línea con el sector conservador de la magistratura. El diputado del Grupo Popular José María Ruiz Gallardón exteriorizó ayer su alegría y expresó su confianza en que el alto tribunal sentencie pronto el conflicto. Página 13