Gobierno, UGT, PSOE

LAS ÚLTIMAS semanas han sido pródigas en conflictos dentro de la familia socialista, que afectan a las relaciones entre el Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unión General de Trabajadores (UGT) y que repercuten también en el grupo parlamentario, en el Ejecutivo y en la organización interna del partido y del sindicato socialistas.Unión General de Trabajadores ha expresado su desacuerdo con el Gobierno sobre cuestiones como el recorte de las pensiones, la flexibilidad del mercado de trabajo, la presencia de sindicalistas en los consejos de ad ministración de las empresas públicas, las prioridades de la política económica y el fracaso en la lucha contra el paro. Y las divergencias se extienden a la política internacional (Redondo anunció que se pronunciarían contra la permanencia de España en la OTAN), a problemas del PSOE (los ugetistas vizcaínos apoyaron a Ricardo García Damborenea frente a José María Benegas para la secretaría general de los socialistas vascos) y al estilo que algunos cargos ministeriales exhiben. Se trata de saber hasta dónde puede llegar el sindicato socialista en la defensa de los intereses de sus afiliados cuando esas reivindicaciones tropiezan con la política de un Gobierno también socialista. Tras la prueba de fuego de la reconversión y las resistencias del Gobierno a participar en el acuerdo social, UGT, desgastada en estos dos años y medio de poder socialista, se ha visto obligada a plan tearse una estrategia de cohesión y credibilidad ante sus bases. J Resulta además significativo que UGT fundamente su crítica al Gobierno en las tesis que han triunfado en el Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), según las cuales la ofensiva neoliberal, que está produciendo "más miseria, más paro y más hambre" en todos los países, obliga a los sindicatos a revisar su papel, sobre todo cuando los partidos que ocupan el poder tienen ideologías afines. Los pactos sociales son ahora vistos por los sindicatos con mayores recelos por el temor a que introduzcan un nuevo elemento de control de las clases dominantes. La crisis económica, el desempleo, las dificultades presupuestarias y la ineficiencia del sector público han deteriorado los mecanismos de redistribución fiscal y de incremento de prestaciones sociales

sobre los que las políticas socialdemócratas habían construido su estrategia durante los años de prosperidad. Exigir que un sindicato tenga siempre presente los Intereses de la sociedad en su conjunto, tal y como desearía Felipe González, significa olvidar que aquél se ve obligado a centrar sus esfuerzos en reivindicaciones inmediatas. Pero si un sindicato socialista no tiene por qué asumir responsabilidades que corresponden al Gobierno, tampoco cabe exigir a éste que ceda ante todas y cada una de las exigencias formuladas por la central sin dical con la que se halla emparentado. Nicolás Redondo ha defendido la necesidad de delimitar fronteras entre sindicato y PSOE" y ha luchado para evitar el efecto de arrastre- negativo que pueden tener para su organización las actuaciones del Gobierno. Pero ha chocado, con la realidad. Unión General de Trabajadores ha quemado gran parte de sus activos al apoyar medidas impopulares del Gobierno González y ahora muchos ugetistas creen que el sacrificio no es comprendido ni agradecido por el Gobierno y por el PSOE. Por otra parte, UGT no está sola en la vida sindical, y su competencia con Comisiones Obreras (CC OO) influye en su estrategia. En la medida en que se enfrente con decisiones del Gobierno, establecerá una convergencia objetiva con CC OO; pero si respalda las medidas impopulares de los socialistas, dejará el campo libre para que su organización rival dirija, con mayor agresividad, las reivindicaciones de los trabajadores. En el tema de las pensiones, el Gobierno de Felipe González ha actuado con notable torpeza. Nadie pone en duda la necesidad de afrontar la reforma de la Seguridad Social incluyendo quizá la adopción de medidas que impongan sacrificios también a los pensionistas, pero la discusión gira en torno a los procedimientos, el alcance y el calendario de la reforma. De haberse, aceptado la tesis ugetista de que el Gobierno cargara con la responsabilidad del proyecto y dejase al margen á la central socialista, se hubiera evitado una radicalización de posturas que sitúa a ambas partes en un punto de difícil retorno. El empecinamiento en utilizar al sindicato para respaldar al Ejecutivo se ha resuelto, de momento, con la caída de José Luis Corcuera, hasta hace poco sucesor indiscutible de Redondo. No sólo UGT ha perdido a uno de sus dirigentes más capaces y que más ha contribuido al desarrollo de un sindicalismo abierto y negociador, sino que el partido y el Gobierno se han quedado sin uno de los nexos más importantes con la organización obrera. Pero la caída de Corcuera puede no ser la única. El caso del dirigente sindical y senador socialista Antonio Rosa, que renuncia por cuestión de conciencia a su escaño parlamentario, sirve de ejemplo. En el Congreso y en el Senado ocupan escaños entre unos 40 representantes socialistas que al tiempo han sido militantes de UGT. El debate y aprobación del proyecto de ley de reforma de las pensiones puede crear problemas de doble obediencia a estos parlamentarios. Y con un congreso a menos de un año vista, UGT no tendrá tiempo para cauterizar las heridas abiertas en el enfrentamiento.