Clausurada una emisora privada de televisión en Valencia por una denuncia de videoclubes

La emisora Valenciana del Vídeo Privado (Valvipri), que emitía diariamente para toda el área metropolitana de Valencia, interrumpió sus emisiones a las 22.40 del sábado al incautarle la policía, a causa de una querella presentada por propietarios de videoclubes, el material que utilizaba. La policía repitió la operación a primeras horas de la madrugada de ayer, ya que Valvipri volvió a emitir al poco tiempo.

La orden judicial de incautación del material utilizado por Valvipri obedece a una querella presentada el pasado viernes en Valencia por 200 empresarios de videoclubes por presunto fraude. El propietario y director de Valvipri, Manuel Cercós, manifestó ayer a este diario que la emisión de cintas de vídeo que realiza su emisora no causa ningún perjuicio a los videoclubes, pues no se trata de cintas alquiladas, sino "compradas por mí y en las que he pagado todos los impuestos".En cuanto a si debe abonar derechos a las distribuidoras, Cercós señala: "Si tengo que pagar por programar películas, me tendrán que dejar que cobre por poner anuncios". Hasta el momento, Valvipri no emite publicidad.

La primera interrupción de las emisiones de Valvipri se produjo cuando se estaba emitiendo la película Muerte en Roma. Ello generó un movimiento de apoyo por parte de un nutrido grupo de personas que acudieron en automóviles a las instalaciones de Valvipri. La emisión se reanudó para emitir Orca, la ballena asesina y, a continuación, una nueva copia de Muerte en Roma, con cintas prestadas a la emisora. Esta segunda película volvió a ser interrumpida por la segunda visita de la policía para incautar nuevamente el material.

Pérdidas de 500 millones

Los empresarios, que han asegurado que las emisiones de Valvipri les han ocasionado unas pérdidas próximas a los 500 millones de pesetas, emitieron ayer un comunicado en el que señalan que "ni Valvipri ni persona alguna tiene derecho a utilizar ilegítimamente los derechos de propiedad de autor y de propiedad industrial y de imagen que pertenezcan a otras personas, porque ello supone una clara infracción penal de neto contenido defraudatorio".Añaden que, si bien "respetan y defienden la máxima libertad de expresión en la información, y concretamente la televisión privada", en ningún momento "Valvipri se ha puesto en contacto con las empresas productoras de vídeo para abonarles sus derechos".

En este sentido, califican de falsas las afirmaciones públicas hechas por el propietario y director de Valvipri, Manuel Cercós, en el sentido de que había iniciado gestiones para cubrir los requisitos legales de cara a la emisión de las películas.

A diferencia de la emisora Vídeo Privado Comunitario, SA, que fue clausurada en la capital valenciana el pasado día 18 por orden gubernativa, las emisiones de Valvipri son absolutamente gratuitas y se pueden sintonizar en UHF, en frecuencia distinta a TVE, sin instalación especial adicional. Vídeo Privado Comunitario proporcionaba un aparato decodificador a sus clientes, mediante el pago mensual de una cantidad, para poder recibir sus emisiones.

Independientemente de las actuaciones judiciales, la delegación del Gobierno en Valencia había comunicado a Valvipri que procedería a clausurarla por emitir sin que esté regulada la televisión privada. Dio un plazo a la emisora que expira el próximo día 1 de junio para que formulase las alegaciones que estimase oportunas contra el cierre.

Para los empresarios de vídeo, la gratuidad de la programación de esta emisora "proviene del simple hecho de que Valvipri no paga los derechos de las películas que emite". Además aseguran que el de Valvipri, en contra de lo que han querido hacer ver sus promotores, no es "un problema de libertad de información", sino "de fraude de derechos ajenos".