Banca Catalana, un año después

HACE UN año que se presentó la querella contra 25 ex consejeros de Banca Catalana, entre ellos Jordi Pujol. La decisión del fiscal general del Estado de promover la acción a los pocos días de la victoria absoluta de Convergència i Unió en las elecciones autonómicas provocó entonces la protesta de un importante sector de la sociedad catalana, y desde diversas instituciones se denunció la actuación del ministerio público, al que se acusó de estar inspirado por el Gobierno de Madrid en un intento de desprestigiar al partido nacionalista. Pujol, desde el balcón de la Generalitat y en su condición de presidente del Ejecutivo catalán, acusó pública y frontalmente al Gabinete de Felipe González de haber hecho una "jugada sucia". El diálogo entre Madrid y Cataluña se deterioró gravemente, y puede decirse que nunca, desde el final de la dictadura, se habían producido tensiones tan graves entre ambas administraciones.Un año después, los pronósticos catastrofistas de un sector de la clase política de Cataluña no se han visto ratificados por los hechos, y la investigación sobre el caso Banca Catalana continúa. La instrucción de la causa avanza dentro de los estrictos márgenes jurídicos. Pero es preciso decir que resulta penosa la lentitud y trabajosidad con que se lleva a cabo el procedimiento. Ni política ni jurídicamente es digno que un año más tarde de las graves acusaciones hechas por el fiscal general contra el presidente de la Generalitat no haya habido un pronunciamiento de los tribunales en ningún sentido. Hay que señalar que si los jueces no apreciaran razón para el procesamiento, el fiscal general debería dimitir o ser destituido, pues no se puede iniciar una acción de esa envergadura sin las suficientes pruebas. Por el contrario, si Pujol fuese procesado se abriría sin duda una crisis política que rebasaría con mucho los límites de Cataluña.

La polémica suscitada por la querella puso de relieve además otros problemas. En primer lugar, la necesidad de que se impulse la ley general del Poder Judicial, y el absurdo de demorar la creación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La supeditación de las decisiones del pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona al Tribunal Supremo es una de las cuestiones más controvertidas y confusas del caso Banca Catalana. ¿Cómo se interpretaría la intervención del Tribunal Supremo en el tema de Banca Catalana adoptando decisiones referentes al procesamiento de los querellados? El presidente de la Audiencia Territorial, Cesáreo Rodríguez Aguilera, declaraba a este periódico en junio pasado que las decisiones del pleno de la Audiencia sobre este caso no deberían ser apelables ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, este criterio no es compartido por los fiscales encargados del tema, que reiteradamente recuerdan la jerarquía del Supremo respecto al pleno de la Audiencia.

Pero más significativa de los males que ha originado el retraso en el procedimiento es la reciente modificación por el Parlamento catalán de la ley del President, del Parlament y del Consell Executiu, conocida como estatut interior de Cataluña, por la que a partir de ahora se faculta al presidente de la Generalitat a disolver a voluntad la Cámara en cualquier momento de la legislatura. Unas atribuciones de ese género, en una situación como la presente, amenazan la estabilidad política de la comunidad autónoma. Los partidos de la oposición han reaccionado ante la citada modificación denunciando que rompe el "equilibrio institucional", pues deja en las exclusivas manos de Pujol la posibilidad de disolver el Parlament, por ejemplo, el día en que se conozca el desenlace de la querella.

Incluso Heribert Barrera, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya -partido que tiene un representante en el Gobierno catalán-, se alineó con la oposición, aunque a la hora de votar optara finalmente por abstenerse. Barrera señaló que la urgencia para proceder a la modificación del estatut interior habla que buscarla "en razones misteriosas que no hemos podido conocer a través de ninguna vía". En estas circunstancias no parece aventurado afirmar que la estabilidad parlamentaria y la vida política catalanas, y españolas, difícilmente quedarán al margen de los avatares del caso banca Catalana, según sea el desenlace de la querella.