Bajo palabra de honor
LAS INTERPELACIONES dirigidas al Gobierno por Manuel Fraga, en nombre de Alianza Popular, y por Fernando Pérez Royo, portavoz de los comunistas, sobre las investigaciones ilegales de partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones realizadas por la Brigada de Interior dejaron ayer en una patética soledad parlamentaria al ministro Barrionuevo. Con la única protección del presidente del Congreso, que reincidió ayer en su escolar costumbre de regañar a los diputados como si fuesen alumnos díscolos, el titular de Interior libró una batalla contra la evidencia. Sería injusto desconocer la voluntad de sacrificio del ministro Barrionuevo, así como atribuir sólo a sus escasas dotes dialécticas el deslucido papel al que le forzaba la misión imposible que le había sido encomendada. La aceptación de los hechos denunciados le hubiera llevado a tener que elegir entre el reconocimiento de su propia responsabilidad y la confesión de que su gestión ha sido incompetente. Así pues, el ministro se metió en un jardín de negativas nada convincentes y oscuras acusaciones, del que salió tan confuso que ni su propio partido le concedió el consuelo de un simbólico aplauso.La técnica de Barrionuevo consistió en rechazar el más mínimo grado de responsabilidad ministerial por las actividades de espionaje a los partidos políticos de los que han sido acusados -con nombres y apellidos- funcionarios de su departamento. En su ya habitual confusión entre la vida pública y su vida privada, aportó su palabra de honor -aceptada por Manuel Fraga, quien previamente había sido calificado de "hombre honesto" por su interlocutor- como única prueba de que los hechos revelados por diferentes medios de comunicación, obligados a guardar silencio sobre sus fuentes por el secreto profesional, eran un "montaje", un "escándalo artificial" y una "información manipulada y falsa". Si cunde el ejemplo, el honor de los ministros no sólo llevará ante los tribunales a quienes critiquen su gestión, sino que eliminará de los debates parlamentarios la necesidad de convencer con razonamientos, argumentos y datos.
La alusión hecha por el ministro a la eventualidad de que esa manipulación informativa descanse sobre un delito de infidelidad en la custodia de documentos confiados a funcionarios públicos devolvió a los diputados, elevados a las calderonianas alturas donde las cuestiones de Estado se resuelven a golpe de palabra de caballero, al mundo en el que las actividades secretas de una brigada policial de información pueden ser conocidas por los políticos investigados y por el resto de los ciudadanos antes que por el responsable del departamento. Todo ello gracias a la indiscreción -elogiable si así ha sido- de alguna persona convencida de que el único procedimiento para detener la escalada policial de una actividad ilegal y anticonstitucional es hacerla pública. Ocasiones como ésta justifican sobradamente el papel que a la libre Prensa asigna la historia de los sistemas democráticos. Y se explica por qué el ministro Barrionuevo ha emprendido su particular batalla contra la libertad de expresión pidiendo dinero ante los tribunales a cambio de las críticas a su gestión política: es sólo una manera de intentar amedrentar, o de querer desacreditar, a los periódicos.
Pero hay más: reveladora fue su declaración de que la Brigada de Interior colecciona, analiza y glosa, dentro de los trabajos que le asignan sus superiores, los documentos e informes de los partidos políticos y los libros y folletos de sus dirigentes. Barrionuevo, que no es maestro en ironías, hizo el elogio de los sacrificados funcionarios dedicados al "penoso y pesado deber" de leer ese material bibliográfico. La réplica de Miquel Roca, que propuso remitir ese fondo documental a la Biblioteca Nacional o al Ministerio de Cultura, desbarató la pretensión de que una policía democrática tenga asignadas entre sus competencias el seguimiento de las resoluciones de los partidos políticos o los libros de sus dirigentes. El hecho de que el ministro considere loable que la Brigada de Interior dedique a una parte de sus funcionarios, pagados con fondos públicos, a recopilar, estudiar y comentar la documentación de los partidos de oposición al Gobierno es, de todas maneras, revelador de lo que este caballero, y el Gobierno que lo ampara, entiende por servir a los valores democráticos.
Barrionuevo leyó -respaldándola por entero- la autoexculpación del comisario general de Información, denunciado por personas que afirman haber sufrido malos tratos por sus órdenes o de sus manos durante los últimos años del franquismo. Pero si el comisario Martínez Torres tiene derecho a la presunción de inocencia, también pueden invocar esa garantía constitucional los ciudadanos que, al ser desmentidos de esa forma, son acusados de injurias y calumnias.
Todo esto nos lleva a una cuestión de palabra dada y palabra tomada. No nos parece en principio menos, creíble el ciudadano que el funcionario, ni el elector que el ministro. Ni creemos que éste tenga más honor, ni menos, que el resto de los mortales, incluidos los periodistas. La cuestión de fondo sigue siendo que los partidos fueron investigados, o por orden del gobierno y para su beneficio -lo que sería inadmisible-, o sin que se enterara el Gobierno, lo que sería risible y pondría de manifiesto que no se controla a la policía, o a sectores de ella, desde el poder. Y el ministro del Interior es el responsable político de eso, se ponga como se ponga y prometa lo que prometa.
Por lo demás, lo que aquí se dilucida es un problema de credibilidad. La credibilidad política de los responsables del aparato de la Seguridad del Estado está por los suelos. Su honor, patrimonio del alma, quédese a salvo.
