UGT desconfía de las próximas decisiones del Gobierno sobre despido y participación en las empresas públicas

La reforma de las pensiones, junto a la solución que el Gobierno quiere dar a los temas de mercado de trabajo, patrimonio sindical y representación de las centrales en la empresa pública, ha abierto una crisis de confianza en el seno del sindicato socialista respecto a las intenciones del Ejecutivo en materia social. La desconfianza de UGT llega, incluso, a Felipe González, cuyas decisiones como presidente del Gobierno empiezan a ser recibidas con recelo, aunque todavía conserve su carisma personal. UGT teme, además, que el Gobierno "castigue" al sindicato por su actitud en las pensiones en los temas que aún están pendientes de solución en el Acuerdo Económico y Social.

La confrontación de UGT con el Gobierno no quedará resuelta una vez que finalice el debate sobre las pensiones. La central socialista mantiene fuertes discrepancias en áreas del AES aún pendientes de resolución. El ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, anunció en la última reunión de la comisión de seguimiento del AES que tenía la intención de reunir a UGT y CEOE antes de que se firme el tratado de adhesión a la CEE para intentar llegar a un acuerdo en la modificación de la legislación laboral en materia de despido. Este tema se convirtió en el principal obstáculo para la firma del AES, al pretender la CEOE que se eliminara la autorización administrativa en el despido colectivo.A propuesta del propio presidente de Gobierno se decidió entonces, para conseguir el acuerdo, que cada parte presentara en el plazo de seis meses su alternativa, a favor y en contra, y que al final fuera el Gobierno el que tomara la decisión. UGT y CEOE ya han presentado sendos documentos explicando sus respectivas posturas, claramente enfrentadas. Aunque, a raíz del acuerdo de integración de España en la CEE, responsables de Trabajo habían señalado que no era necesaria el cambio de legislación, las últimas propuestas de Almunia, reabren la inquietud en el sindicato que consideraba cerrado este capítulo, dado que el AES únicamente exigía la presentación de los informes, sin especificar que tuviera que haber acuerdo de las partes.

La UGT teme ahora que en el fondo el Gobierno esté intentando introducir una mayor flexibilidad en el despido. Máxime cuando saben que altos cargos socialistas -entre los que incluyen a varios ministros- van defendiendo en diversos cenáculos la necesidad de dar mayores facilidades de despido, coincidiendo con los planteamientos empresariales.

Diferentes filosolías

Otro de los puntos que ya ha enfrentado al sindicato y al Gobierno es el de la participación sindical en las empresas públicas que se negocia, hasta ahora sin resultado en el seno de otra de las comisiones del AES. En principio no se preveían demasiados problemas en este área. Pero los ministros de Economía e Industria y el propio presidente del INI se han mostrado claramente en contra de la presencia sindical, y especialmente de CC OO, en los consejos de administración de los grupos de empresas públicas, dejando patentes las diferentes filosofías con que se enfrentan a esta cuestión el PSOE y la UGT.Ante la falta de acuerdo, el tema ha sido remitido al presidente del Gobierno que, como hiciera en anteriores ocasiones, tendrá que mediar en este conflicto. Sin embargo, medios sindicales han insinuado que la intervención de Felipe González no se va a aceptar en UGT con la misma alegría que en el pasado. En la organización se ha registrado un deterioro del carisma del "compañero presidente". Aunque su figura cuenta todavía con la aceptación popular, empieza a detectarse una caída en los niveles de confianza ante las decisiones que adopta como jefe del Ejecutivo.

Es la misma desconfianza que la UGT muestra hacia la solución que pueda adoptar el Gobierno respecto a la devolución del patrimonio histórico de la central socialista. Prácticamente todos los responsables de UGT están convencidos de que "lo nuestro va para largo". Creen que no va a haber problemas con el reparto del patrimonio acumulado, pero que el Gobierno no tiene intención, al menos por ahora, de devolver o indemnizar a la UGT los bienes incautados por el Gobierno de Franco en la guerra civil.

Las diferencias no son tantas en aquellos casos en los que existen físicamente las propiedades, sino a la hora de fijar la indemnización por aquellos otros que han sido vendidos a terceros o que han desaparecido y cuya propiedad original no está clara. Fuentes de UGT señalaron que, en el fondo, el Gobierno teme que la entrega de fondos a UGT fortalezca demasiado al sindicato, haciéndole perder el control que todavía mantiene sobre el mismo.

Uno de los aspectos del AES que todavía no se ha cumplido y que podía haber atenuado las tensiones provocadas por la política del Gobierno, es la creación del denominado Consejo Asesor del Presidente. Hace unos días, Joaquín Almunia comentó que ésta era una decisión de Felipe González y que procedería a su constitución cuando lo creyera oportuno.