Cuando el poder espía

LAS NOTICIAS sobre el espionaje policial en torno a actividades de diversos grupos políticos, incluido el principal partido de la oposición, no pueden ser más preocupantes. La solidez del sistema democrático no se mide sólo por la periódica celebración de elecciones libres, sino también por el respeto de los gobernantes hacia las reglas de juego y por su coherencia a la hora de cumplirlas. Cuando los titulares del poder sacrifican los fundamentos del ordenamiento democrático a la satisfacción de sus propios intereses, el régimen de libertades se ve seriamente amenazado. La tendencia a burlar esas normas democráticas no se manifiesta únicamente en las violaciones de los derechos humanos, vanamente justificadas en nombre de la razón de Estado, sino también en la conculcación de las leyes ordinarias y en el desprecio hacia los usos políticos establecidos de limpieza en el juego. El que una brigada del Ministerio del Interior haya realizado labores de investigación -pagadas con fondos presupuestarios- para espiar las actividades del principal partido de la oposición, de otros grupos políticos legalizados y de las organizaciones masónicas no es una anécdota: es la prueba del desprecio al sistema de libertades por parte de determinados detentadores del poder. Supone un desprecio culpable a las minorías políticas y justifica sobradamente la querella interpuesta por Alianza Popular. En cualquier país democrático un hecho así sería el motivo de una crisis política de primer orden, y, de hecho, de parecida manera, aunque no financiándose con fondos públicos, como aquí, comenzó el Watergate que acabó con Nixon. No es diferente la actitud moral que amparaba a los fontaneros antiguos, miembros de la CIA, de la que pretende ahora amparar a los fontaneros del jefe de la lucha antiterrorista. En España, sin embargo, los medios oficiales han mostrado inicialmente una notable insensibilidad ante la noticia. La circunstancia de que ese eventual espionaje estatal tenga un posible y hasta probable aprovechamiento gubernamental, y sea susceptible de utilización por el partido que controla el Gobierno y administra el Estado para fines electorales, transforma el escándalo en una violación de las convenciones sobre las que descansa un sistema democrático.

La explicación de que las informaciones allegadas por esa labor de espionaje morían en los cajones profesionales de la brigada y no llegaban a manos de los cargos políticos es tan tonta que resulta increíble, salvo en el caso de que se confiese paladinamente que el Gobierno no controla su policía. ¿Cómo entonces los superiores de esos funcionarios policiales les han permitido dilapidar sus horas de trabajo en la tarea de acarrear datos y documentos que a nadie interesaban? La ingenuidad de algunos cargos socialistas, que se han jactado en público de conocer documentos secretos y decisiones internas de otros partidos, convierte en desesperada la empresa de sostener que la Brigada de Información coleccionaba para su propia distracción los datos sobre Alianza Popular. Y las insistentes denuncias -nunca probadas pero siempre reiteradas- sobre escuchas telefónicas cobran nuevo significado en el contexto de esas actividad es de espionaje.

Alianza Popular ha interpuesto una querella criminal contra los eventuales responsables de esas actividades y contra quienes, conociéndolas, no las hubiesen impedido. Los querellados son acusados de haber cometido "un gravísimo atentado contra el sistema de partidos vigente en España por mandato constitucional" y de haber incurrido en hechos tipificados como delitos por el artículo 172 (que ampara el legítimo ejercicio de la libertad de asociación), el artículo 191 (que castiga al funcionario público que registre ilegalmente los papeles o los efectos de un súbdito español) y el artículo 497 del Código Penal (que sanciona a quienes se apoderen de papeles y cartas para descubrir secretos de otros). En la querella, Alianza Popular señala que "desde hace algunos meses tenía razones fundadas para sospechar la existencia de algún tipo de espionaje sobre las actividades del partido y tiene constancia, desde luego, de que determinados documentos altamente confidenciales han llegado a poder de terceras personas distintas de sus destinatarios". Entre las diligencias solicitadas figura la petición de que se reciba declaración a Alfonso Guerra (vicepresidente del Gobierno), José Barrionuevo (ministro del Interior), Eduardo Martín Toval (segundo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista), Julián San Cristóbal (director de la Seguridad del Estado), Jesús Martínez Torres (comisario general de Información) y Alberto Elías (comisario de la Brigada de Información). Pero los aspectos estrictamente penales del asunto, con toda su indiscutible gravedad, ceden incluso en importancia ante las dimensiones políticas de lo que parece uno de los grandes abusos de poder cometidos en la España democrática.