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El Grupo popular advierte que puede recurrir de nuevo la ley del aborto

Anabel Díez

El Grupo Parlamentario Popular no descarta la posibilidad de recurrir nuevamente la ley del aborto si en los sucesivos trámites parlamentarios la mayoría socialista no admite algunas de las sugerencias populares en el sentido de otorgar mayores garantías para el feto, según anunció el diputado conservador José María Ruiz Gallardón.

La Comisión de Justicia e Interior aprobó ayer, con los votos socialistas, comunistas y. de Esquerra Republicana de Catalunya, las enmiendas presentadas por el grupo del PSOE en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la despenalización del aborto en tres supuestos."Con este resultado creemos que no se protegen los derechos del feto, por lo que se abre la posibilidad de presentar un nuevo recurso, al no cumplirse ni el espíritu ni la letra de la sentencia del Tribunal Constitucional", afirmó José María Ruiz Gallardón al término de los trabajos de la comisión en la que se debatieron las 23 enmiendas presentadas por todos los grupos en aplicación de la sentencia del tribunal sobre la modificación del artículo 416 bis del Código Penal. Ruiz Gallardón anticipó su anuncio en el curso de los trabajos de la comisión, lo que le valió una dura intervención del socialista Carlos López Riaño.

"Sí por cualquier medio que no sea el estricto de esta comisión, el Grupo Popular pretende oponerse a la propia sentencia del Tribunal Constitucional, lamentaremos que se haya frustrado la colaboración en lo que es aplicación de lo emanado por el alto tribunal", afirmó López Riaño. Tales expresiones fueron calificadas por Ruiz Gallardón de "exabrupto", tras afirmar que su acatamiento "formal" a la sentencia se demostraba con la presencia del Grupo Popular en la comisión. "Desde ahora decimos que, si llegamos al poder, esto no prevalecerá y haremos una ley más respetuosa con los derechos del feto y de la mujer", dijo Ruiz Gallardón.

El núcleo de la discusión se produjo entre la consideración del feto como bien jurídico protegible, concepto de rango menor que el que ampara a la mujer, que tiene por sí unos derechos fundamentales constitucionalmente protegibles. El Grupo Popular no consiguió que se concretara más cuándo se entiende que la mujer está en grave peligro físico y psíquico, primera de las circunstancias que permiten el aborto.

El Grupo Socialista tuvo que reconocer la visión del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Francesc Vicens, que en la primera lectura de esta ley, efectuada en octubre de 1983, afirmó que junto a la salud física de la embarazada había que añadir la psíquica, confirmado posteriormente por el Tribunal Constitucional. Pidió Vicens, en clave humorística, que se le reconocieran "derechos de autor", al tiempo que los socialistas le admitieron su perseverancia.

El texto pasará al Pleno del Congreso redactado según propuesta del Grupo Socialista. No será punible el aborto practicado por un médico en centro público o privado acreditado y con consentimiento expreso de la mujer, además de en los casos de riesgo para la vida o salud física o psíquica de la embarazada, en los supuestos de violación y de malformación del feto.

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El diputado de Minoría Catalana Joaquím Xicoy y el centrista Luis Mardones no lograron su deseo de que en el supuesto de violación haya de denunciarse ante un juez y no ante la autoridad policial como dice el texto resultante. Minoría Catalana y centristas votaron en contra de las enmiendas socialistas, junto al Grupo Popular, mientras que el diputado vasco Joseba Zubía se abstenía. Xicoy mostró su temor a que el texto socialista diera paso a un "coladero" para abortar.

El diputado socialista López Riaño, se congratuló de que ninguno de los fundamentos utilizados por el Grupo Popular para recurrir la ley hubieran sido recogidos por el Tribunal Constitucional.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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