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La polémica entre interior y los sindicatos

La desmilitarización que no llega

Mientras el SUP urge para que se constituya una policía civil, Interior frena el proceso para hacerlo "sobre bases firmes"

C. YÁRNOZ / J J. ECHEVARRIA Hace dos semanas, el presidente del Gobierno, Felipe González, y el ministro del Interior, José Barrionuevo, hablaron en el palacio de la Moncloa sobre la posibilidad de encontrar una fórmula legal transitoria para avanzar en la prevista desmilitarización de la Policía Nacional. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que como resultado del encuentro, es taba previsto el rápido envío al Consejo de. Ministros de un nuevo reglamento disciplinario de carácter civil para la Policía Nacional, cuya aprobación supondría la no aplicación a los agentes policiales del Código de Justicia Militar.En el Ministerio del Interior se asegura que las medidas para des militarizar a la Policía Nacional ya estaban preparadas para ser aplicadas en estas mismas fechas "Pero las protestas y los métodos indisciplinados del Sindicato Unificado de Policía (SUP) han crea do una situación que obliga a retrasar las medidas", dicen.

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Debate policialFrente a esta afirmación, Manuel Corvo, secretario de la comisión de interior del PCE -partido que mantiene excelentes relaciones con la actual directiva del SUP-, asegura que el ministro del Interior, José Barrionuevo, "se limita a ganar tiempo para no abordar la verdadera reforma policial en esta legislatura" y que "Barrionuevo no escapará a un amplio debate parlamentario sobre la policía".

Hoy, dos años y medio después de que Barrionuevo se comprometiera, durante un acto organizado por la Federación Española de Municipios, a que antes del verano de 1983 estaría en las Cortes el proyecto de ley orgánica sobre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -en la que se incluía la unificación en un solo cuerpo de la Policía Nacional y del Cuerpo Superior de Policía-, el citado proyecto de ley aún no ha sido estudiado por el Consejo de Ministros.

El director de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, ha explicado ya a los dirigentes del SUP las primeras medidas que se realizarán para desmantelar el actual sistema militar de actuación de la Policía Nacional. Para ello, en el Ministerio del Interior se considera necesaria la aprobación de esa nueva ley orgánica sobre Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que permitiría posteriormente la redacción de un reglamento disciplinario de carácter civil. Fuentes del Ministerio del Interior consideran que tanto la ley como el reglamento entrarían en vigor antes de que finalice la presente legislatura.

Sin embargo, el SUP es partidario de la creación de un reglamento provisional antes de que las cámaras parlamentarias aprueben la futura ley de unificación. José López González, secretario general del sindicato, indicó que el reglamento provisional puede establecerse por decreto que desarrolle la ley de Policías de 4 de diciembre de 1978, aprobada por las Cortes a iniciativa del entonces ministro del Interior Rodolfo Martín Villa. En su artículo 12.2 se señala que la "Policía Nacional se regirá por lo dispuesto( ... ) en los reglamentos que la desarrollen, y como derecho supletorio ( ... ), por el ordenamiento militar". El SUP planteará esta fórmula legal en la mesa de negociación acordada con el Ministerio del Interior para el próximo día 16.

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El nuevo cuerpo de policía civil resultante se denominará Cuerpo Nacional de Policía, según los borradores de la ley que se manejan ahora en el Ministerio del Interior, aunque el PCE, único partido parlamentario que defiende tesis similares al SUP, prefiere la denominación de Cuerpo de Policía del Estado. La redacción del primer borrador de esta ley ya fue difundida por diferentes medios de comunicación en la primavera de 1983.

Sin estado mayor

Hasta que la nueva ley orgánica sea aprobada, los responsables del Ministerio del Interior tienen previsto acometer una serie de medidas jurídico-políticas y operativas para acomodar la actual estructura policial a la nueva situación, dentro del objetivo final de conseguir "una policía civil más eficaz y profesional", como lo define Julián San Cristóbal.

Próximamente, por ejemplo, desaparecerá legalmente -de hecho prácticamente ya no existe- el Estado Mayor de la Policía Nacional, extremo que será recogido en una próxima orden ministerial. Dentro de dos meses, por otra parte, pasará a la situación B el actual general inspector de la Policía Nacional, general de división Félix Alcalá-Galiano. Muy probablemente, el Gobierno estudiará la fórmula legal adecuada para que el general continúe, con carácter transitorio, al frente del cuerpo, pero ya no figurará al frente de la policía ningún mando militar en cuanto la nueva ley orgánica sea aprobada por las Cortes.

Dentro también de este primer grupo de medidas, Interior estudia una fórmula para cambiar la nomenclatura de los mandos de la Policía Nacional -ya no se mantendrán los grados militares de teniente, comandante o coronel- y variar los distintivos o divisas de los jefes y oficiales, quienes ya no llevarán estrellas o insignias de los cursos militares que han podido realizar. El SUP considera que estos cambios serán "un paso importante" para la desmilitarización de la Policía Nacional.

En los últimos meses, el Ministerio del Interior ya ha realizado algunas iniciativas sobre este proyecto: los planes de enseñanza del

La desmilitarización que no llega

Cuerpo Superior de Policía y de la Policía Nacional ya son planificados por un órgano central, y lo mismo ocurre en la política de personal.Plan de Presencia PolicialDentro de las reformas operativas que Interior pretende desarrollar destaca la supresión de algunas de las 21 compañías de Reserva existentes y la puesta en práctica del denominado Plan de Presencia Policial. "Se parte de una concepción eminentemente preventiva y de presencia de los efectivos policiales asignados a cada barrio o zona con una función de contacto permanente con el ciudadano", señala un estudio elaborado en la Dirección de la Seguridad del Estado (DSE). Según este estudio, la presencia de la policía de barrio ha de ser "operativa" y "móvil".

El Plan de Presencia Policial, que ya se ha puesto en marcha de forma parcial en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga-Costa del Sol, se extenderá a Murcia, Tarragona, Gerona y Costa Brava, Alicante y Costa Blanca, islas Baleares, Tenerife, Las Palmas y el cinturón industrial de Madrid.

En estas ciudades, la EISE dividirá las áreas en distritos o zonas policiales. Madrid y Barcelona contarán con 19 de estos distritos. El cálculo de patrullas de cada distrito se establecerá atendiendo a criterios demográficos, espaciales y sociales. En el cálculo de efectivos necesarios para cubrir dicho plan, la DSE prevé el incremento en un 37% de los medios humanos; los vehículos, en un 33%, y las radios portátiles, en un 10%.

Cada tres patrullas a pie (seis hombres) encontrarán su soporte básico en un vehículo escuadra, cuya dotación estará compuesta por un cabo y un conductor. Cada cinco patrullas contarán con un zela para facilitar el apoyo a las anteriores, lo que permitirá -según el escrito de la DSE- una mayor velocidad de desplazamiento. De manera superpuesta, actuará un vehículo con tres suboficiales y un cuarto automóvil con un oficial y sus respectivos conductores.

Veinte patrullas provistas de sus correspondientes equipos formarán esencialmente lo que se ha denominado unidad básica (UB). Al frente de cada UB o fracción se asignará un oficial. No obstante, ante manifestaciones y concentraciones se acudirá al refuerzo de efectivos de las compañías de Reserva, según especifica el estudio elaborado por la DSE.

Los integrantes de las patrullas urbanas portarán en Madrid, a partir del próximo mes de junio, brazaletes especiales que les identificarán como tales. Igualmente, las clásicas porras que llevan serán cambiadas por otro tipo de defensas, que serán una especie de porras en forma de L. Según San Cristóbal, se trata de sistemas "más defensivos que ofensivos", en cuya utilización serán entrenados los policías nacionales.

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