Las mujeres decidimos

"El prius lógico", "el derecho troncal", "el supuesto ontológico", "el tertium existencialmente distinto" que representa "el nasciturus". Desde hace una semana, los medios de presunta comunicación social se han visto inundados por un auténtico maremoto de pedantería jurídica, sólo apta para iniciados. Los políticos leguleyos, que son legión, han encontrado excelente ocasión de lucir sus habilidades en materia de hermenéutica constitucional. El largo, tedioso y abigarrado texto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de despenalización del aborto les dio la señal de salida.Los disputantes han puesto buen cuidado en derivar su querella a los cerros de Úbeda de la jerga jurídica, y que lo han hecho porque tal cosa les beneficiaba a ambos. No se trata de una torpeza, sino, por el contrario, de una marrullería destinada a secuestrar a la opinión pública, y particularmente a las mujeres, el verdadero debate.

A los resultados me remito: la opinión pública identifica la disputa entre Gobierno y AP como un enfrentamiento entre partidarios del derecho al aborto y enemigos de ese derecho. Cuando la realidad es muy otra.

"Pueden estar tranquilas las mujeres; habrá aborto", oíamos decir hace escasos días al ministro de Justicia, Fernando Ledesma. Y a Alfonso Guerra: "Es posible despenalizar el aborto". Ambos están ocultando la verdad. Porque no empiezan por decir lo que es elemental: que el proyecto de despenalización parcial del aborto defendido por el PSOE sigue considerando el aborto como un delito. Un delito incluido en el Código Penal y castigado. Gobierno y AP están de acuerdo en que el aborto debe ser penalizado.

Según el proyecto del Gobierno, si bien debe considerarse delito abortar, hay determinados supuestos -los tres ya bien conocidos- en que el hecho no debe merecer castigo. Alianza Popular no está de acuerdo con ello, aunque tampoco se sitúa en las antípodas: recientes declaraciones de José María Ruiz Gallardón hablan de la necesidad de adoptar una posición de tolerancia ante las mujeres que abortan en extrema necesidad, no haciéndoles sufrir en ningún caso penas de cárcel.

Titular de derechos

Los tres supuestos de aborto que el Gobierno busca despenalizar son, en la práctica, una muy exigua minoría de los que se presentan. Estadísticas fiables permiten establecer que sólo un 4% de las mujeres que abortan podría beneficiarse de la despenalización en marcha. Lo que equivale a decir que, según el proyecto de despenalización parcial del aborto que el PSOE verosímilmente llevará adelante, el 96%, de los abortos deberá seguir siendo clandestino.

La sentencia del Tribunal Constitucional establece que el óvulo fecundado no es titular de derechos (afirmación que libra al alto tribunal de hacer un ridículo importante). Sostiene que constituye un bien protegible. En efecto, el cigoto puede ser frecuentemente un bien. Pero ¿de quién? ¿A quién pertenece ese bien? Nosotras, desde el movimiento feminista, respondemos que ese bien es cosa de quien lo engendró. El Tribunal Constitucional no está de acuerdo. Afirma que "los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta", dado que ello supondría "la desaparición de un bien... que encarna un valor central del ordenamiento constitucional".

No voy a entrar a discutir si el cigoto es o no un valor central del ordenamiento constitucional. Me limitaré a subrayar que es ahí, precisamente ahí, donde se establece la frontera entre quienes defendemos el derecho al aborto como un derecho de las mujeres y quienes, en un sorprendente impulso comunista, han decidido socializar los cigotos ajenos, protegiéndolos incluso cuando va contra la voluntad de su dueña.

Tal es la verdadera línea divisoria. La que hay entre quienes sostenemos que la capacidad reproductora de las mujeres ha de ser estrictamente eso -una capacidad que puede ejercerse o no, a voluntad- y quienes entienden que es algo que puede imponérsenos. Entre quienes defendemos que la maternidad. no es "el más bello fin de la mujer", sino una posibilidad que debe ser severa y cuidadosamente meditada, y quienes tratan de crear un vínculo indisoluble entre mujer y maternidad. De un lado, la defensa del aborto como un derecho de la mujer; del otro, la penalización del aborto como un delito, con o sin atenuantes, con o sin supuestos despenalizadores.

Si tal es la línea divisoria, si ésa es la verdadera cuestión, caben pocas dudas de que el proyecto de despenalización del PSOE está del otro lado, enfrente.

Defendemos el derecho al aborto, no el aborto. El aborto no es -lo sabemos de sobra- un trance agradable. Es, eso sí, la solución extrema, el último recurso para evitar un mal mayor: la maternidad no deseada. Defendemos la posibilidad de recurrir a él como modo de defender las vidas de aquellas mujeres que no pueden o no desean tener descendencia: vidas reales, concretas, frente a vidas perifrásticas, hipotéticas, posibles o negables. Defendiendo el derecho al aborto asumimos la defensa de la vida de niñas y niños deseados, no impuestos.

Muchas mujeres nos vamos a manifestar por lo que ha sido el lema de nuestro combate desde hace años: Derecho al aborto libre y gratuito, ya. Las mujeres decidimos. Estamos reclamando algo que no entra en la polémica que ha dividido a gobernantes y opositores de derecha en las últimas jornadas. No nos interesan sus árboles jurídicos inertes: nos interesa el bosque animado, humano, de las mujeres que quieren vivir la sexualidad sin temores, sin traumas, sin riesgos para el futuro; de las que reivindican su derecho al placer; de las que claman contra la identificación machista entre relaciones sexuales y coito; de las que, en fin, ponen en solfa la normalidad vigente y encuentran su gozo más allá de las fronteras de la heterosexualidad. De las que, en todo caso, señalan con el dedo a la sociedad patriarcal, a los poderes establecidos y a su hipocresía diciéndoles: "Empezad por hacer campañas de información sexual, por hacer gratuitos los anticonceptivos; empezad por poner en marcha los anticonceptivos masculinos. No tenéis derecho a hablar". Porque eso es lo más grande de todo este asunto: que quien no tiene derecho a hablar está monopolizando el uso de la palabra. Y a nuestra costa.

Que no nos pidan comprensión. Que no reclamen sensatez y moderación. Cuando es la vida de cientos de miles de mujeres lo que está en juego, las feministas no sabemos, no podemos, no queremos ser ni comprensivas, ni sensatas, ni moderadas. No queremos comprender su lógica patriarcal. No nos parece sensato que sigan obligando a la mayoría de las mujeres a abortar en la clandestinidad. No creemos en una moderación que puede acarrearnos más infelicidad, más dependencias e incluso más muertes.