El Ministerio de Economía sanciona a nueve de los 13 miembros del antiguo consejo rector de la Caja Rural de Reus

El Ministerio de Economía y Hacienda ha destituido de sus cargos y funciones a nueve de los 13 miembros del antiguo consejo rector y al director general de la Caja Rural Provincial de Reus, la mayoría de los cuales cesaron por renovación reglamentaria el 27 de agosto de 1982. La decisión del Ministerio ha sido tomada a propuesta del Banco de España ante la "gravedad y trascendencia de las irregularidades advertidas en el desempeño de su cometido, relativas a los riesgos concedidos por la Caja Rural sin la autorización del Banco de España e irregularidades en la cuenta de resultados", según una resolución del 29 de marzo de 1985.

Los nueve consejeros destituidos son: Julián Olivella ex presidente de la entidad; Feliciano Cochs, presidente de la Cooperativa y Caja Rural de La Selva del Camp (Baix Camp) hasta el pasado lunes; Juan Solé ex presidente de la Cooperativa de Valls (Alt Camp); el diputado por Convergència i Unió al Parlament de Cataluña por la circunscripción de Tarragona Francisco Vernet; Jaime Cedó, Francisco Clua, Adolfo Gaya, Jorge Rofes y Ramón Vidal Barraquer. El director destituido es Jorge Lluís Gibert.Para el Ministerio de Economía y Hacienda no es óbice el hecho de que algunos de los interesados hayan cesado en sus cargos, pues no es lo mismo el cese voluntario o por extinción de mandato que la sanción disciplinaria de destitución, "ya que ésta comporta un pronunciamiento sobre conductas y queda como antecedente a efectos de reincidencia".

La resolución del Ministerio de Economía y Hacienda especifica que los miembros del consejo rector y el director gerente de esta entidad, haciendo caso omiso del requerimiento del Banco de España efectuado el 17 de septiembre de 1975, han venido manteniendo con Unió Agraria Cooperativa de Reus una exagerada concentración de riesgos, sin autorización del Banco de España, que superan el 5% de los recursos totales. Los riesgos ascendían el 30 de junio de 1982 a 1.402 millones de pesetas, de los cuales 550 eran avales sin contabilizar, además de diversas pólizas de préstamo por 827 millones más, con lo que los riesgos ascendían en total a 2.229 millones de pesetas, lo que representa un 32,3% de los recursos totales de la Caja Rural.

En agosto de 1982, los riesgos alcanzaban los 2.284 millones de pesetas, mientras que los recursos propios de Unió eran sólo de 511 millones, de los que 422 correspondían a la "actualización de la Ley de Presupuestos de 1979 y 1981". Las pérdidas en 1981 ascendieron a 620 millones de pesetas. En la resolución de Economía y Hacienda también se pone de manifiesto la desproporción existente entre diversos apoyos a otras cooperativas y los respectivos netos patrimoniales. Destacan entre éstas la Cooperativa Provincial Avícola y Ganadera -que con un patrimonio de cuatro millones de pesetas es beneficiaria de créditos por valor de 163 millones-, y la Cooperativa Agrícola de Jesús y María (Baix Ebre) que tiene un patrimonio de 0,7 millones y dispone de apoyos por 89 millones.

La trayectoria de la Caja Rural Provincial de Reus ha estado estrechamente ligada a la de la Unió Agraria Cooperativa hasta el punto de que los consejos rectores de ambas entidades los componen las mismas personas. Ello ha originado una dependencia financiera mutua.

La misma resolución del Ministerio de Economía y Hacienda señala que la Caja Rural entregó a la Unió 10 millones de pesetas, en 1980, en concepto de subvención general, y en 1981 soportó el coste de tres empleados de aquella entidad, por un total de 3,1 millones y otros gastos generales por valor de tres millones. La Caja incluye en su nómina al director general de la otra entidad con un sueldo neto de impuestos y cargas sociales de 6,6 millones de pesetas anuales, debido a que en el contrato de trabajo con dicha persona se estipula que pertenece a la Caja con la categoría profesional de jefe de planificación, "cargo que no ejerce -según la resolución del Ministerio- incidiendo de modo importante en la rentabilidad de la Caja".

La situación cambió radicalmente en el seno de la Caja Rural y de Unió Agraria Cooperativa desde agosto de 1982 al ser elegido presidente de ambas entidades Matías Sanahuja. La nueva junta destituyó al director general y consiguió de la Generalitat de Cataluña un crédito de 1.600 millones de pesetas para la Unió Agraria, destinado a la amortización de los riesgos contraídos con la Caja Rural.