Endurecidas las condiciones para el cobro de tributos locales

Los ayuntamientos tendrán que pagar un 5% de los impuestos y recargos que cobre el Estado en su nombre, según un decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El Gobierno autorizó también una subida de 2.000 millones de pesetas anuales en las aportaciones de la banca al Fondo de Garantía de Depósitos, destinada a sanear el Banco Urquijo-Unión.Por la primera medida se endurecen las condiciones de colaboración del Estado en la gestión de tributos locales. Los contribuyentes obligados a pagar recargos sobre la renta en seis centenares de ayuntamientos donde Hacienda proyecta distribuir 2,2 millones de impresos no podrán compensar su importe de la cantidad que les debe la Hacienda central.

El decreto que regula la gestión por Hacienda de varios tributos municipales (recargos en el impuesto sobre la renta, contribuciones rural y urbana y licencias fiscales) ofrece a cada ayuntamiento la opción de gestionarlos directamente o que el Estado se haga cargo de ello.

En el primer caso, la corporación municipal que decida afrontar la gestión del tributo dejará de percibir las entregas a cuenta que hasta ahora les anticipaba Hacienda. Si el ayuntamiento se inclina por la alternativa de que el Estado recaude en su nombre, perderá un 551. de la recaudación obtenida por los servicios de la Administración central, en concepto de gastos que hasta ahora corrían a cargo de Hacienda. Junto a los tres únicos artículos del decreto, valorados por fuentes municipales como un endurecimiento de las condiciones actuales, la disposición faculta al Ministerio de Economía y Hacienda para dictar las normas de gestión. Sin embargo, en contra de lo anunciado por el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, el decreto no autoriza a los contribuyentes con derecho a devolución en el impuesto sobre la renta y afectados por recargos municipales sobre el mismo a compensar el importe del recargo de la cantidad que les deberá devolver la Administración central.

La compensación, reclamada insistentemente por los ayuntamientos, fue ya rechazada por Hacienda el año pasado, al hacer efectiva por primera vez la exigencia de recargo sobre la renta de 1983. Esta negativa ha contribuido al fracaso de dichos recargos: deberían haber sido pagados cerca de 10.000 millones de pesetas, y apenas fueron ingresados 4.000 millones. Más de un 60% de los contribuyentes que declaren renta en los dos próximos meses tendrá derecho a devoluciones por valor próximo a los 100.000 millones de pesetas. Por ello, hasta el mismo día que la Comunidad Autónoma de Madrid anunció la suspensión del proyecto de cobrar su 3%, Hacienda cambió de actitud y decidió descontar de las eventuales devoluciones el importe de los recargos. Llegó a preparar al efecto un decreto que derogaba las normas de hace un año. José Borrell justificaba el cambio en que hace un año la Administración central no tenía capacidad de gestión suficiente y ahora ha mejorado, mucho. Pero el texto del decreto aprobado por el Gobierno y conocido ayer por este periódico no autoriza la compensación.

Un portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias, organización que refleja la mayoría socialista en los ayuntamientos, declinó ayer pronunciarse sobre el decreto hasta conocerlo textualmente. Agregó que, según' sus noticias del Consejo de Ministros, la disposición sólo se refiere a las contribuciones urbana y rústica y a las licencias fiscales.

Aumento del Fondo

En cuanto al aumento de aportaciones de la banca privada al Fondo de Garantía de Depósitos, regulado también por decreto, tiene por objetivo financiar, en un periodo de seis años, 12.800 de los 50.000 millones de pesetas que recibirá suplementariamente el Banco Urquijo-Unión. Para financiar estos 12.800 millones de pesetas, dicho fondo -formado al 50% por la banca privada y el Banco de España, que le ha anticipado casi medio billón de pesetas- elevará la aportación anual de la banca privada desde el 1 por 1.000 de sus depósitos a final de año hasta el 1,2 por 1.000.