El Estado será mayoritario en Agroseguros tras el fracaso del plan para cubrir la cosecha de cereales

El fracaso del seguro integral de cereales de invierno -los agricultores apenas han cubierto una cuarta parte de la superficie protegida la pasada campaña- obligará al sector público a tomar la mayoría en esta operación empresarial, según fuentes de la Administración. El Consorcio de Compensación de Seguros, organismo autónomo del Ministerio de Economía y Hacienda, participará con un 40% en la sociedad Agroseguros, formada por las compañías privadas.

El Estado no sólo mantendrá las subvenciones a los seguros agrarios, sino que correrá con la principal responsabilidad gestora, hasta ahora llevada por las compañías privadas que trabajan en el sector. El siguiente socio en Agroseguros después del citado Consorcio, Mapfre, tendrá en torno a un 4% de la empresa.La Administración, con el fin de garantizar la viabilidad de los seguros agrarios -considerados por el Ministerio de Agricultura pieza clave en su política de rentas-, se comprometió a quedarse con lo que no cubrieran las empresas privadas. Ahora, terminado el plazo de suscripción para los cereales de invierno, han fallado tanto los agricultores como las compañías.

El seguro de cereales, que tuvo su primer año de rodaje en la campaña 1983-1984, dejó insatisfechas tanto a las aseguradoras como a la Administración. Está montado sobre una sociedad de gestión (Agroseguros, integrada por las compañías privadas que trabajaban en la agricultura), un reasegurador (el Consorcio de Compensación de Seguros) y la Empresa Nacional de Seguros Agrarios (ENESA), promovida hace varios años por el Ministerio de Agricultura para subvencionar las pólizas que pagan los agricultores. El Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Seguros, actúa como árbitro, al fijar las tarifas y las condiciones.

La pasada campaña el seguro integral de cereales protegió cerca de tres millones de hectáreas, propiedad de 285.000 agricultores. En el año de la cosecha del siglo, los ingresos por primas (subvencionadas en un 67% por Enesa) fueron inferiores en unos 1.000 millones de pesetas al valor de las solicítudes de indemnización. Para corregir esta situación, el Gobierno subió los precios. Además de equilibrar los resultados de no incentivar el fraude, quería así dotar al sistema de reservas e interesar a las compañías privadas a que participaran en la cobertura de riesgos a través de Agroseguros.

Subida de precios

Los nuevos precios, aunque muy variables según zonas y productos, subieron en media casi el 80%; la nueva tabla de tarifas cubre el 65% de los rendimientos de cada cosecha y antes llegaba al 80%. Pero esta solución no ha sido bien acogida por los agricultores, como tampoco entre las compañías, afectadas también por las nuevas formas del reaseguro.La superficie asegurada al cerrarse el plazo de suscripciones para la presente campaña se ha quedado en menos de un millón de hectáreas. Según fuentes del sector, la menor aceptación de los nuevos precios en Andalucía -donde las primas de incendio y pedrisco eran bajas- no ha sido compensada por la mayor presencia de otras zonas donde se daba el caso contrario.

Como la Administración se comprometió a respaldar la operación y el capital de Agroseguros depende del riesgo cubierto por cada entidad, el Estado tendrá un 40% de la misma, además de todo el reaseguro. El plan ya ha sido estudiado por el Gobierno.

Sin embargo, tampoco esto parece que vaya a solucionar los problemas de fondo, derivados de que las deficiencias de gestión y las dificultades en la valoración de las cosechas pueden provocar todavía nuevos desajustes y posibilitar el fraude, según fuentes del sector.