La nueva tabla de retenciones del impuesto sobre la renta no será aprobada hasta dentro de una semana

La nueva tabla de retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), modificada a la baja en la línea de lo anunciado el martes por el ministro de Economía y Hacienda en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, será aprobada por un próximo Consejo de Ministros, ya que no está definitivamente elaborada por los técnicos de Hacienda y además debe contar con la aprobación del Consejo de Estado.

Para antes del verano se procederá a la aprobación del decreto-ley de revisión a la baja de la tarifa del IRPF, en el que se introducirán los mecanismos necesarios para acabar con la penalización que sufren en la actualidad las unidades familiares en las que trabajan los dos cónyuges. El decreto-ley tendrá que ser necesariamente convalidado como ley, ya que el artículo 10 de la Ley General Tributaria exige que la reforma en la tarifa del impuesto ha de hacerse necesariamente por ley.El importe de la disminución de impuestos directos anunciada por Miguel Boyer para 1985 se cifra en unos 100.000 millones de pesetas, como consecuencia de la reducción de la tarifa del IRPF, y ello supondrá unos ingresos mensuales mayores para los asalariados, que verán reducidas las retenciones a cuenta que se les practican mensualmente. La reducción de retenciones comenzará a funcionar en mayo, aunque se podrá aplicar retroactivamente desde el mes de abril. Tendrá mayor repercusión en las rentas más bajas e irá disminuyendo hasta ser nula a partir de rentas superiores a seis millones de pesetas.

La decisión del Ministerio de Economía de bajar las retenciones desde el mes actual se completa con la modificación a la baja, y en la misma cuantía, de la tarifa del IRPF, con objeto de que suponga una reducción real de impuestos y no un mero crédito al consumo que la Administración da a los asalariados y que tendrían que devolver cuando en la primavera de 1986 tuvieran que hacer la liquidación de dicho impuesto. El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, declaraba el martes en los pasillos del Congreso que esta reducción efectiva del impuesto era posible porque la lucha contra el fraude fiscal estaba dando resultados suficientes como para que absorban esta reducción en la tarifa.

El Gobierno se ha comprometido, según las manifestaciones realizadas por el ministro de Economía y el secretario de Estado de Hacienda, a poner fin a la discriminación existente en el actual sistema impositivo español, por el que las unidades familiares en las que trabajan los dos cónyuges, relativamente, a Hacienda de lo que lo hacen las familias en las que trabaja sólo uno de ellos. Aunque en la preparación de los Presupuestos Generales del Estado para 1985 el Gobierno se comprometió a acabar con esta discriminación, consideraciones de recaudación fiscal y de distinto enfoque sobre el alcance de la revisión obligaron a que se aplazara la modificación.

En aquellos momentos Miguel Boyer reconoció que el 13% de las familias de contribuyentes -equivalentes a 831.000 familias- continuarían discriminadas negativamentes a efectos fiscales respecto a aquellas parejas en las que no existiera vínculo matrimonial. En la discusión de los Presupuestos del Estado para este año Boyer habló de la complejidad de los riesgos de cambiar la fiscalidad de la familia, ya que una parte de la progresividad del IRPF se basaba en la acumulación de las rentas de los cónyuges. Según Boyer, en aquel momento, neutralizar la acumulación suponía minorar en 25.000 millones de pesetas los ingresos fiscales y, además, equivalía a acabar con la progresividad del impuesto.