El final de un largo viaje

Viene de la primera páginaBaste señalar que de aquí a fía fecha de integración tiene que aparecer un Boletín Oficial del Estado con aproximadamente ochenta mil páginas, recogiendo todas las normas, directivas y acuerdos de la Comunidad, que serán de aplicación en nuestro país.

Nuestro largo viaje hacia Europa -estérilmente sugerido ya en 1962 bajo el franquismo- ha podido llegar a puerto, pese a la grave crisis por la que atraviesan las finanzas y las estructuras comunitarias, gracias a la instauración y a la consolidación del sistema democrático. Las trabas que han tenido que sortear los negociadores han sido en gran medida una consecuencia lateral de los conflictos de intereses surgidos entre los diez, en la estela de las convulsiones producidas por la interrupción de la etapa de crecimiento de la posguerra. Aunque la discusión sobre estas cosas sea ahora casi un juego de salón, pocas dudas hay de que una España democrática hubiera podido ingresar sin la menor dificultad en la CEE durante los años de prosperidad. Y los obstáculos económicos que ha sido preciso superar para conseguir el acuerdo logrado ayer tampoco hubieran sido vencidos sí la sucesión del franquismo no hubiera desembocado en un régimen constitucional o si el golpe de Estado del 23-F hubiera conseguido sus objetivos.

El ingreso de España en la CEE no afecta exclusivamente a las dimensiones económicas de nuestro futuro; no se agota con sus repercusiones sobre la industria, la agricultura, los servicios, la iniciativa empresarial y la actividad laboral españolas, instaladas desde ahora en un marco de competitividad y estímulos que obligará a desarraigar los malos hábitos del proteccionismo y del arbitrismo. También cambiará el estilo de vida de los españoles, sus pautas de comportamiento, la dimensión de sus proyectos. La entrada en las estructuras comunitarias pondrá fin a un aislamiento nada glorioso, que contribuyó decisivamente a fomentar sentimientos enfermizos de inferioridad entre los españoles y a aplazar hasta un indefinido mañana la modernización de nuestra economía y nuestra Administración. Nuestros Jóvenes dispondrán de un horizonte europeo para elegir profesión, escoger residencia, compartir valores y realizar proyectos. La época del aislamiento dejará paso a una integración no sólo económica sino también cultural y, en su día, política. España podrá opinar, como país europeo de pleno derecho, sobre los problemas comunes de esa vieja tierra de cultura.

Los ajustes a que se verán sometidos -con suerte desigual- los distintos sectores de la economía española serán duros. Algunos grupos sociales y determinadas zonas territoriales, vinculadas a prácticas proteccionistas, tendrán que pagar a corto plazo costes elevados. Pero las dificultades puestas por otras naciones a nuestro ingreso en la CEE muestran que España tiene un potencial competitivo capaz de compensar sobradamente, en términos globales, el saldo negativo de la decisión. En cualquier caso, la entrada en la Europa comunitaria representa un reto para la sociedad española en su conjunto y para la adaptación de nuestras estructuras a los ritmos europeos de innovación.

Las ventajas resultan visibles en los campos comercial, financiero, institucional, de política regional de derechos del consumidor. La debilidad de algunos sectores de la industria española puede asfixiar las posibilidades de desarrollo de aquellas empresas incapaces de adoptar medidas para hacer frente a la competencia europea. Sin embargo, una vez dentro de la Comunidad, solamente el valor de los bienes producidos dentro de las fronteras españolas se convertirá en el dato decisivo para enjuiciar. El ingreso significará un estímulo necesario para una industria que, en líneas generales, necesita aprender a disputarse su presencia en un marco de feroz competencia internacional. Y para su desarrollo, la economía española precisa de aportaciones de capital que los grandes grupos europeos están en condiciones de suministrar.

Los aspectos más polémicos, donde es más difícil concretar un balance de ventajas e inconvenientes, lo constituyen los capítulos de agricultura, pesca y asuntos sociales. Estos tres temas han consumido las más duras y largas conversaciones y han suscitado fuertes obstáculos a la negociación. En lo que respecta a la agricultura, España debe aprovechar los beneficios derivados de la competitividad de nuestras frutas y hortalizas por su superior calidad e inferior precio. Pero, a la inversa, tiene que defender las producciones autóctonas de los llamados productos continentales (cereales, carne y leche).

Hay que tener en cuenta que la CEE atraviesa una profunda crisis financiera, provocada principalmente por el alto nivel de las subvenciones agrarias destinadas a los precios de garantía fijados para mantener las rentas de los agricultores. Además cuenta con elevados; excedentes en dos renglones, como el vino y el aceite de oliva, donde España es gran productora. Una incentivación comunitaria para que se arranquen cepas y olivos de nuestro suelo es más que posible. Donde parece, a expensas de obtener más datos fiables, que España ha cedido más terreno en la negociación es en la pesca, aunque el Gobierno asegura que se han garantizado los volúmenes de capturas y los puestos de trabajo. En el terreno social el acuerdo puede beneficiar a corto plazo a los trabajadores españoles en Europa y, transcurrido el período de transición, permitirá la libre circulación de mano de obra.

Las perspectivas abiertas por las transfarmaciones tecnológicas y la revolución informática, por esa tercera ola de innovaciones que pueden cambiar la faz del mundo en escasas generaciones, tienen que ser afrontadas necesariamente desde grandes espacios económicos. Sólo una Europa unida puede aspirar a rivalizar con Estados Unidos y Japón. Y una España marginada del proyecto europeo hubiera quedado marginada también de esa nueva historia que comienza a ser escrita.

Estas optimistas perspectivas no deben hacer olvidar que el impacto inicial del ingreso de España en la Comunidad resultará desfavorable a nuestro país, cuando menos psicológicamente. La aplicación del Impuesto del Valor Añadido, los diferentes plazos de transición que dañarán a nuestra industria antes de que la agricultura sea beneficiada, la contribución financiera de España a la Comunidad y la previsible invasión de productos manufacturados europeos antes de que los españoles estén en condiciones de exportarse a Europa pueden generar el año que viene un ambiente de descontento económico y de decepción entre sectores de ciudadanos. Esa es la factura inevitable a pagar por un paso histórico en nuestra organización social y económica de cuyos pormenores debe dar cuenta cuanto antes el Gobierno al Parlamento y a la opinión pública.