Huelga general en Ecuador por el salario mínimo decretado a espaldas del Parlamento

QuitoCiento cincuenta detenidos y el estallido de dos bombas que causaron tres heridos leves es el balance de la huelga general realizada en Ecuador el miércoles, convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) para protestar por el salario mínimo de 8.500 sucres (89 dólares, unas 16.000 pesetas) decretado por el presidente León Febres Cordero a espaldas del Parlamento.

Esta decisión gubernamental se adoptó después de que el Parlamento, en el que la oposición es mayoritaria con 37 de los 71 escaños, decidiera rechazar el proyecto de ley del Ejecutivo que cifraba el salario mínimo de 8.500 sucres. Pero el presidente desconoció, por considerarla "inconstitucional", la resolución del Congreso, así como otra posterior del Tribunal de Garantías Constitucionales que dictaminó que los diputados había actuado legalmente. Todo ello agudizó, a niveles no alcanzados con anterioridad, el pulso que mantienen el Gobierno y la oposición por el alza salarial.

La Administración de Febres Cordero es partidaria de los 8.500 sucres como salario mínimo, en tanto que el Congreso, sin la presencia de los diputados gubernamentales en los debates, aprobó un salario de 10.000 sucres mensuales (115 dólares, unas 20.700 pesetas), que fue vetado por el presidente. Hasta ahora regía un mínimo de 6.600 sucres (61) dólares, unas 12.400 pesetas). Los sindicatos respaldaban la propuesta del Parlamento.

El paro, que fue declarado ilegal por el ministro de Trabajo, Francisco Díaz, tuvo una acogida reducida. Los sectores estudiantiles, la enseñanza y un pequeño número de fábricas en Quito y Guayaquil respondieron a la consigna del FUT. Las tres principales centrales sindicales ecuatorianas -una comunista y dos socialistas, que integran el firente- dicen contar en conjunto con 200.000 afiliados. En la práctican no sobrepasa los 10.000 el número de los activistas efectivos, en un país de ocho millones y medio de habitantes, de escasas tradición y combatividad sindical en los últimos años, pese a las numerosas huelgas convocadas.

El problema de fondo radica en el enfrentamiento entre el Gobierno de Febres Cordero y una oposición ideológicamente heterogénea, que ha logrado la mayoría de miembros en todos los organismos colegiados del Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal de Garantías Constitucionales. De esta manera, Febres Cordero está abocado a gobernar con un Parlamento contrario y unas instituciones beligerantes.

El primer mandatario ha acusado a la oposición de realizar una labor obstruccionista hacia su política y de pretender acorralarle.