Industria ordena paralizar una en la que murieron ocho picadores
La delegación territorial de la Consejería de Industria y Energía ha ordenado la paralización de las actividades del grupo Río, mina carbonífera de la empresa Combustibles de Fabero, SA, tras la inspección realizada por el citado organismo la pasada semana, en la que se advirtieron ciertas irregularidades en la instalación eléctrica del interior de los tajos relacionadas con varios artículos del Reglamento de Policía Minera.La paralización afecta a 180 mineros de un total de 276 trabajadores. No obstante, durante el día de ayer se realizaron las labores de mantenimiento y conservación en las galerías del grupo Río, explotación en la que el 19 de noviembre pasado, a consecuencia de una explosión de gas grisú, murieron ocho hombres y resultaron con heridas de diversa consideración otras cuatro personas. Por estas razones, dos directivos y un vigilante se hallan procesados por el, Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada.
La dirección de la empresa presentó ayer un recurso de alzada ante la Junta de Castilla y León en el que se asegura que el grupo clausurado "mantiene unas medidas eléctricas provisionales que garantizan la seguridad de todos los trabajadores", según fuentes del Gobierno autónomo. Por su parte, el director gerente de la sociedad minera, Mario Moliner, sobre el que recae una querella criminal interpuesta por la Federación Estatal Minera de UGT, acusa al secretario general de la Consejería de Industria y Energía del Gobierno autónomo, Feliciano Gozalo, de "dejarse intimidar" por la presión de las centrales sindicales, y no comprende el porqué de la citada orden, "siendo el grupo más seguro de España".
Recientemente, la Comisión de Seguridad Minera, órgano consultivo de la Dirección General de Minas, presidida por Manuel Kindelán, aconsejaba el cierre de la mina Río "en tanto no se resuelvan las irregularidades
[referidas en un amplio informe] en instalaciones eléctricas y ventilación".
Parte de los trabajadores de Combustibles de Fabero expusieron a la dirección su intención de entrar en la explotación a pesar de la notificación oficial de clausura, decisión que fue abortada inmediatamente por directivos de la empresa.
Encierro de mineros
Por otra parte, desde el pasado miércoles permanecen encerrados en la delegación provincial de Trabajo medio centenar de mineros de la empresa Andrés Calvo Martínez, SA (Calmarsa), como medida de presión para obtener el pago de los salarios pertenecientes a tres mensualidades, adeudadas por la empresa a un total de 130 trabajadores.
Calmarsa mantiene una deuda tributaria cercana a los 80 millones de pesetas y 120 millones de pesetas a la Seguridad Social, según fuentes de la dirección provincial de Hacienda y de la misma empresa, lo que agrava la posibilidad de una solución inmediata del problema. Hace escasos meses, la empresa elaboró un plan de viabilidad, aceptado por los trabajadores, que contemplaba la reducción de plantilla.
