El Consejo General del Poder Judicial plantea conflicto constitucional contra el Congreso de los Diputados

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó anoche, por mayoría de 13 frente a 8 en contra, a propuesta de su presidente, Federico Carlos Sainz de Robles, plantear conflicto constitucional con el Congreso de los Diputados, a propósito de la elección parlamentaria de los 12 vocales del CGPJ de procedencia judicial -hasta ahora elegidos por los propios jueces y magistrados-, introducida por el Congreso en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Sainz de Robles invocó la vigente ley orgánica del Tribunal Constitucional, que legítima al CGPJ para plantear dicho recurso cuando estime que otro órgano constitucional "adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas" confieren al CGPJ.

El acuerdo se adoptó con los votos favorables de Sainz de Robles y 10 de los vocales elegidos por los jueces y magistrados, más dos de elección parlamentaria: Agustín Aizparren y Miguel Pastor.Votaron en contra ocho consejeros, seis elegidos por el Parlamento -Eduardo Jauralde, Fernando García Mon, Jaime Cortezo, Juan García Barbón, Gonzalo Casado y Perfecto Andrés Ibáñez- y dos de procedencia judicial: Manuel García Miguel y Adolfo Carretero.

La propuesta de Sainz de Robles se fundamenta en que la vigente ley orgánica 1/1980, del Consejo General del Poder Judicial, atribuye a la Junta Electoral creada por dicha ley y presididida por él mismo, en su calidad de titular del Tribunal Supremo, la convocatoria de la elección de los 12 vocales de procedencia judicial "entre jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías". Según Sainz de Robles, la modificación introducida en el proyecto de LOPJ por la mayoría socialista en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso y aprobada el pasado martes por el Pleno de la Cámara, constituye una asunción de atribuciones que la citada ley orgánica 1/80 confirió a la Junta Electoral que creó.

La argumentación de Sainz de Robles es que, puesto que el propio Parlamento, en desarrollo de una parte de la Constitución -la relativa al gobierno del poder judicial-, creó, por ley orgánica, una Junta Electoral encargada de convocar las elecciones, organizarlas, realizar el escrutinio y proclamar los 12 jueces y magistrados elegidos por sus compañeros de profesión, el acuerdo adoptado ahora por el Congreso de los Diputados atribuyendo esta elección a las Cortes Generales, significa la asunción por el Parlamento de una atribución conferida a un órgano judicial. Para Sáinz de Robles, la opción legal para que los 12 vocales del CGPJ sean elegidos entre y por los jueces y magistrados tiene suficiente firmeza, habida cuenta de que existe cauce para reclamar al Tribunal Constitucional frente al pretendido hurto de una atribución legal por parte de otro órgano constitucional.

'Bomba política'

Los consejeros del sector progresista estimaron la iniciativa como una bomba política, en un momento de plena efervescencia de las tensiones entre los órganos constitucionales, incluido el Gobierno y el propio órgano encargado de dirimir los conflictos constitucionales, el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el sector progresista se encuentra dividido sobre esta materia y no se produjo una actuación concordante de todos sus miembros, aunque coincidieron en valorar la trascendencia política de la propuesta de Sainz de Robles.

Durante la reunión, algunos consejeros, desde una perspectiva estrictamente jurídica, señalaron que el órgano al que el Parlamento arrebata la competencia sobre la elección de los 12 vocales de procedencia judicial no es el CGPJ, sino la Junta Electoral, que no cuenta con legitimidad para plantear el conflicto constitucional.

El largo pleno extraordinario fue suspendido para almorzar y para dar tiempo a un encuentro entre Sainz de Robles y el presidente del Gobierno, Felipe González. Durante el desarrollo de la reunión, este periódico obtuvo del portavoz oficial del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Casado, la confirmación de la noticia.

El conflicto corresponde plantearlo ante el órgano que se estime que ha asumido atribuciones propias, esto es, en este caso, ante el Pleno del Congreso, y sólo si este afirma "que actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuiciones", o pasado un mes sin que responda satisfactoriamente, puede plantearse ante el Tribunal Constitucional.