La dirección de AP defiende el carácter militar de la Guardia Civil

La junta directiva nacional de Alianza Popular que ayer celebró su habitual reunión mensual, manifestó su preocupación por los intentos "realizados desde posiciones de extrema izquierda" de pretender suprimir el carácter militar de la Guardia Civil, "socavando el merecido prestigio de la institución y del Ejército mismo al que queda sometido su estatuto jurídico". Tras mostrar su satisfacción por la "mejor acogida social" que registra AP y por el incremento de militancia del partido (en febrero se produjeron, según una nota oficial, 5.800 altas), la junta directiva expresó también su preocupación por las consecuencias de los actuales proyectos de ley de Sanidad y de Aguas."El proyecto socialista de ley de Sanidad -que, presumiblemente, será aprobado mañana en Consejo de Ministros- no resuelve los problemas de la Sanidad española ni de sus trabajadores, representa más gasto para el Estado y un empeoramiento de las condiciones de los enfermos", según el responsable de este área en AP, Carlos Ruiz Soto, quien recientemente presentó una propuesta alternativa en el Congreso de los Diputados. Por su parte, Miguel Ramírez, coordinador del sector agrario en la junta directiva aliancista, explicó la incidencia del proyecto de ley de aguas en los sectores regantes y opinó que, con él, "la transformación de la tierra de secano en regadíos sufrirá un notable retraso".

La nota oficial emitida tras la reunión de la Junta directiva, que estuvo presidida por Fraga, reiteró el apoyo de AP a la voluntad española de ingresar en la Comunidad Económica Europea y expresó la "repulsa ante la actitud del Gobierno francés, inspirada en mezquinos motivos internos". Según la nota, AP "reserva su juicio sobre las condiciones pactadas con las comunidades para cuando éstas sean suficientemente conocidas y sea posible valorar los efectos de los compromisos adquiridos por España y los negociadores comunitarios".

Los portavoces de AP se mostraron eufóricos ante el éxito de la campaña emprendida en las últimas semanas de recogida de escritos dirigidos al Defensor del Pueblo contra el proyectado recargo del 3% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por la Comunidad Autónoma de Madrid. Según Alianza Popular, el total de firmas recogidas contra este impuesto y entregadas ayer al Defensor del Pueblo, asciende a 317.414 y esta campaña continuará hasta el próximo día 27 de abril, en que las nuevas adhesiones recogidas serán entregadas al presidente de la Comunidad Autónoma, Joaquín Leguina.

El secretario general, Jorge Verstrynge, informó sobre los detalles de la campaña que se iniciará en los próximos días para lograr una mayor penetración social de AP. El número total de afiliados al partido de Fraga asciende en la actualidad, según Verstrynge, a 171.072.