Hospitales o cañones

El retraso de la Ley de Sanidad parece ahora menos atribuible a la administración sanitaria que a los responsables de la política económica del Estado, si bien pasado ya el ecuador de la primera legislatura PSOE, la reforma sanitaria sigue siendo sentida y reclamada por la casi totalidad de la sociedad española.Al principio de la actual legislatura hubo sus más y sus menos sobre si la reforma llegaría de la, mano de las modificaciones que pudiera introducir la administración gestora, o si sería mejor empezar con la elaboración y aprobación de una Ley General de Sanidad. Hoy parece estar claro que sin una Ley General no habrá marco normativo para desarrollar la reforma. Asimismo, el proceso de redacción de los borradores de Ley ha suscitado muy variadas controversias: los sectores prepotentes de la corporación médica piensan que sea un intento de disminuir su influencia y afectar sus intereses; las organizaciones sindicales temen que la Ley no asuma suficientes garantías acerca de la asistencia y defensa de la salud de todos los ciudadanos; los cuadros económicos del Gobierno expresan sus dudas sobre las posibilidades de sufragar el coste de la reforma sanitaria; mientras, los sanitarios ven con inquietud cómo va pasando el tiempo sin salirse de la ambigüedad.

Caldo idóneo

La indefinición, junto al deterioro salarial y a las poco confortables formas de trabajo, crean el caldo idóneo para los conflictos, lo que no significa que la, mayoría de los médicos estén en contra de la reforma sanitaria.

Aproximadamente, un tercio de los médicos están sin trabajo o subempleados, deseando un empleo estable venga de donde venga. Otro tercio desea poder trabajar más confortablemente en el centro público donde ya presta sus servicios, esperando que los cambios en sus condiciones de trabajo incluyan también una mejora salarial (el poder adquisitivo actual de los médicos de la Seguridad Social es la mitad del de hace 10 años). Queda, evidentemente, otro tercio, que peleará con los dientes para no perder sus prebendas y privilegios, pero ellos mismos saben que las modernas respuestas a los problemas de la organización sanitaria no pasan ya por el medicocentrismo ni por la estrecha comprensión asistencial mercantilizada, propios de concepciones científicamente arcaicas acerca de los problemas de la salud.

La reforma sanitaria se enfrenta también a otro tipo de dificultades que pueden tener mayor repercusión: hacer la reforma significa aumentar el presupuesto sanitario.

La reforma implica aumentar la población asistida, abrir nuevos centros asistenciales, introducir los programas de prevención hoy no existentes, incluir la atención a la salud mental, ofrecer nuevas atenciones a los enfermos crónicos, ampliar los recursos humanos y aumentar las retribuciones del personal sanitario.

La introducción de medidas de racionalidad en la gestión, pueden generar cierto ahorro, pero con sólo esto no se podrá hacer ninguna reforma sanitaria.

La actual gestión del Insalud ya ha iniciado el control del mal gasto. Por primera vez en España puede afirmarse que existe una gestión de los servicios asistenciales que pretende la, eficacia y la eficiencia.

Pero al ciudadano español de finales del siglo XX no le basta con esto. La atención que se recibe en los ambulatorios es incómoda, a menudo burocrática y distante del entorno familiar y laboral del paciente; a los hospitales siguen acudiendo enfermos que debieran poder encontrar la asistencia que precisan en otro tipo de centros más cercanos a su vida cotidiana; no existen programas de prevención, ni de intervención sanitaria eficaz, en los centros de trabajo, de residencia, o de enseñanza, que garanticen la desaparición de enfermedades y accidentes que los modernos conocimientos científicos hacen posible; los mecanismos administrativos y la menguada eficacia asistencial originan verdaderas tragedias cotidianas como en el caso de un anciano que deba acudir a la consulta a las ocho de la mañana, o cuando hay que perder la jornada laboral para hacer trámites en un hospital. Cambiar todo esto modernizando los servicios de salud, significa aumentar la aportación económica del Estado a los servicios sanitarios, poniendo más medios técnicos y personales al alcance del ciudadano, e introduciendo mayor confort y eficacia en la relación del ciudadano con los servicios de salud.

Prioridades presupuestarias

Si para llevar a cabo esta reforma sanitaria se debe aumentar la inversión pública en los servicios de salud, coherente será pedir que la administración y la sociedad en general, hagan el necesario esfuerzo de lucidez para establecer claras opciones a las prioridades presupuestarias del Estado.

Para 1985 la aportación sanitaria del Estado (en sentido estricto) es de 240.000 millones de pesetas (sumando la aportación al presupuesto sanitario de la Seguridad Social -21,3%- más la partida del Ministerio de Sanidad). Significa menos del 1% PIB estimado. Frente a estas cifras puede oponerse lo presupuestado para gastos militares que para 1985 asciende a 950.000 millones de pesetas (Análisis de V. Fisas Armengol, en EL PAIS 29-12-84, incluyendo la totalidad de los gastos militares estén o no en la partida del Ministerio de Defensa). Significa el 3,4% del PIB estimado (parecido porcentaje del PIB sólo se consigue en Sanidad gracias a añadir los más de 700.000 millones que en 1985 deberán aportar las cotizaciones salariales y empresariales).

Puede parecer sesgada la comparación del presupuesto sanitario con los gastos militares, pero cabe constatar que en los presupuestos del Estado, para este año, el presupuesto de Defensa crece más de un 10% respecto al año anterior, mientras que el del Ministerio de Sanidad disminuye en más de un 5%, como disminuyen también Educación y Ciencia, Cultura y Obras Públicas, entre otros.

Parece que en un reciente acuerdo entre Economía, Sanidad y Trabajo se empieza a desbloquear el proyecto de Ley de Sanidad, por cuanto se acepta la progresiva participación del Estado en la financiación de los servicios sanitarios que en 1990 dejarían de estar sufragados por la Seguridad Social. Este acuerdo es un paso muy importante, que figurará en el activo del ministro de Sanidad. Cabe reconocer no obstante que el plan presupuestario para la reforma sanitaria sigue lejos de tener las garantías, la precisión y las dotaciones económicas que la Administración ha establecido para los programas de Defensa (que prevén -por ley- la inversión de 818.707 millones de pesetas -en valor 1982- para la adquisición de material bélico, hasta 1990).

Sería bueno que los legisladores actuaran sin más tardanza con audacia, decisión y sin miedo a los fantasmas, previendo al mismo tiempo la necesaria financiación. No debe olvidarse que sólo existe lo que está en el presupuesto.