30 abogados de Barcelona se querellan contra la policía por supuestas torturas

Treinta letrados pertenecientes a la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona presentaron el pasado martes una querella criminal contra los inspectores de policía de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona por un presunto delito de torturas infligidas a Josep Lluís Rovira Navarro, Jaume Fernández Calvet y Carles Sastre Benlliure, militantes de la organización terrorista Terra Lliure detenidos el pasado enero.

BarcelonaEl grupo de abogados catalanes pretende con este escrito de querella apoyar y secundar la investigación que está realizando el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, a raíz de la denuncia presentada el pasado mes de febrero por el letrado Josep María Loperena en nombre de los tres citados miembros de la organización independentista Terra Lliure. La querella de los 30 letrados será estudiada por el magistrado Fernando Campos, titular del juzgado, quien, si la acepta, podría fijar una fianza a los abogados para que puedan ejercitar la acción popular.El pasado 7 de marzo fueron citados a declarar tres inspectores de policía que, al parecer, habían participado en la detención de uno de los independentistas. En el interrogatorio de estos funcionarios participaron dos letrados y el Fiscal encargado del caso, José María Mena. En los próximos días podrían ser citados a declarar otros policías, así como los 18 inspectores que forman la brigada, que serán sometidos a una rueda de reconocimiento con la participación de los tres independentistas.

Supuestas 'descargas'

Estas informaciones fueron facilitadas ayer en una conferencia de prensa celebrada en las dependencias del Colegio de Abogados en el Palacio de Justicia de Barcelona, en la que participaron algunos de los letrados firmantes de la querella. Uno de estos letrados, Francesc Arnau, expuso públicamente su queja por las reiteradas declaraciones del gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, sobre el caso. El abogado calificó tales declaraciones como "coacciones hacia aquellos que quieren ejercer sus derechos".En opinión de los letrados, los inspectores denunciados podrían haber utilizado instrumentos capaces de producir descargas electrícas sobre los detenidos. Los letrados señalaron su extrañeza por la supuesta utilización de tales artefactos, que habían sido empleados en el antiguo régimen con les presos políticos y que creían ya en desuso. Recalcaron, sin embargo, que en los últimos meses se habían presentado en el País Vaco denuncias por la utilización de aparatos similares. Afirmaron también que algunos de: los funcionarios que, aparecen implicados en esta denuncia se encuentran acusados de otros casos de supuestos malos tratos.

Precedentes

No es ésta la primera vez que un grupo de abogados solicita colectivamente ejercer la acción popular por una supuesta infracción de los Derechos Humanos. El caso más reciente fue el protagonizado por más de un centenar de letrados de toda España que se personaron, en 1979, en unas diligencias judiciales por presuntos malos tratos cometidos en la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha (Ciudad Real). A los abogados se les fijó una fianza de tres millones de pesetas, que fue reunida por suscripción popular.