El PSOE no defenderá en solitario el aumento del número de diputados

La falta de un consenso con otras fuerzas en torno al proyecto de ley orgánica de Régimen Electoral haría que los socialistas se replanteasen su actual decisión de no ampliar a 400 los escaños en el Congreso de los Diputados. El número de diputados, según el proyecto ya visto en ponencia, se mantiene en 350, según dio ayer a entender el secretario del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval.Martín Toval dijo que la ampliación de los escaños en el Congreso hasta 400 haría más proporcional la ley, beneficiando el voto en las grandes ciudades y, por tanto, a la izquierda, mientras que el voto en las zonas rurales, más deshabitadas y menos industrializadas, suele favorecer a la derecha. Aseguró que el PSOE había renunciado a esta ampliación de escaños en favor del consenso con la oposición, pero también dijo que el dictaminado la pasada semana por la ponencia "no es el proyecto de ley que hubiéramos querido hacer los socialistas".

Sin embargo, Martín Toval expresó su confianza en que el consenso en torno a la ley electoral -que comienza a discutirse en comisión el próximo día 26- sea finalmente posible y la ley aparezca en el Boletín Oficial del Estado el próximo día 30 de junio, contando con el único voto en contra de los comunistas, que rechazan la casi totalidad del sistema electoral propuesto. Según los cálculos del portavoz del Grupo Socialista, la convocatoria de las próximas elecciones generales se haría el 3 de octubre de 1986, si no se produce una disolución anticipada de las Cámaras por el Gobierno. Así, al menos, lo prevén los plazos electorales hasta ahora contenidos en el texto del proyecto.

Martín Toval admitió que aún quedan diversos temas de conflicto, tanto con la Minoría Catalana como con el Grupo Popular, fundamentalmente. Los primeros quieren ver reducida la exigencia de votos mínimos para poder acceder al canal nacional de TVE del 25% al 20%, cosa que, según el portavoz socialista, "se podrá arreglar" tras el paso del proyecto por la correspondiente comisión. En cuanto al Grupo Popular, la principal fuente de discrepancia en la actualidad se centra en la composición de la comisión de control de los programas y espacios de RTVE durante la campaña; para los socialistas, y de acuerdo con el actual texto del proyecto, esta comisión debe componerse de 11 vocales, cuatro designados por el Gobierno y siete por los partidos; ello, a juicio de la oposición, daría mayoría a los socialistas en una comisión encargada de algo tan importante como velar por la imparcialidad de los medios públicos de difusión durante la campaña.

También existen discrepancias entre socialistas y populares en lo que se refiere a límites de gastos en las campañas electorales y a su control. Tanto el Grupo Popular como la Minoría Catalana piden que los ingresos para ayuda a la campaña de un determinado partido no tengan necesariamente que ser identificables -es decir, que los donantes voluntarios no tengan que hacer constar su nombre-, y que el tope de estas ayudas no se limite a la cantidad máxima de un millón de pesetas por persona física y jurídica.