Los fiscales progresistas constituyen una nueva asociación profesional

Unos 40 fiscales progresistas han acordado solicitar su baja en la única Asociación de Fiscales existente -a la que acusaron de falta de sensibilidad y de capacidad de respuesta- y constituir una nueva asociación, para lo que se designó una comisión gestora, que convocará un congreso constituyente, según fuentes de los reunidos.Los reunidos -entre los que figuraban los hermanos José y Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena, José Antonio Martín Pallín, Alfonso Aya, Fernando Jiménez Lablanca, Antolín Herrero, José María Paz, Serafín García Zarandieta y Ladislao Roig- analizaron las funciones que el fiscal debe cumplir "para que el servicio de la justicia se preste a los ciudadanos con la calidad que éstos tienen derecho a exigir, con una independencia que no excluya el control democrático de los órganos de gobierno judiciales y en condiciones de verdadera responsabilidad, aspecto que no parece suficientemente atendido o realizado con la gestión hasta ahora llevada a cabo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)". Con vistas a la futura asociación, el mencionado grupo de fiscales puso de relieve "la necesidad de estar permanentemente atentos a la satisfacción del interés social que tenemos encomendado, interés cuya definición sólo incumbe realizar a la propia sociedad, a través de sus legítimos canales de expresión".

Añadieron que, "para el mejor desempeño de esta misión, que, junto a la defensa de los derechos y libertades, constituye la vía por la que los fiscales han de participar en la construcción y profundización del Estado social y democrático de derecho que se identifica con una democracia avanzada, es preciso potenciar los órganos representativos del Ministerio Fiscal, es decir las Juntas de Fiscales y el Consejo Fiscal, para que la estructura jerárquica de la carrera no mediatice en ningún momento la expresión del verdadero interés social".

Los reunidos insistieron en la necesidad de que "los fiscales extremen su respetuosa atención a los ciudadanos -especialmente, a los marginados y desfavorecidos-, recibiéndoles, oyéndoles e informándoles siempre que para ello fueren requeridos".

Los promotores de la asociación definieron la Policía Judicial como "instrumento insustituible para que el servicio de la justicia se preste de forma ágil, eficaz y sobre bases fácticas correctas". Estimaron que la distinción entre dependencia orgánica y funcional, para reservar sólo esta última a la Policía Judicial en su relación con los jueces y fiscales, es distorsionante porque dificulta seriamente que la propia dependencia funcional llegue a ser una realidad".

Desde el plano asociativo, se consideró urgente no sólo asumir la tutela de los derechos de los fiscales, sino apoyarles técnicamente siempre que fuera preciso, "con la vista puesta en la necesidad de mejorar constantemente la calidad del servicio de la justicia, así como la oportunidad de que la asociación de fiscales establezca relaciones con toda clase de asociaciones cívicas y entidades que componen el cuerpo social, a fin de no quedar aislada y al margen de las auténticas preocupaciones colectivas".