El accidente que provocó la muerte de un minero ocurrió en una explotación clandestina

La zona en que se produjo el accidente que causó la muerte del picador Jorge Martínez Rodríguez (véase EL PAÍS de ayer) es una explotación clandestina y no autorizada, próxima al yacimiento denominado Mina La Buena (Oviedo), que sí está controlado, según pudo saber este periódico en fuentes de la Delegación del Gobierno, en Asturias. Además de esta anomalía, las investigaciones revelan que, entre las seis personas que integraban la plantilla del chamizo -mina de montaña de pequeño tamaño- figuraba un pensionista de Hunosa, F. A. V., de 40 años, apartado del trabajo por incapacidad permanente total, quien probablemente perderá su retiro.Entre tanto, el fallecimiento de un picador -cuya muerte intentaron ocultar los propietarios de Mina La Buena-, ha reavivado una polémica vieja, pero latente en los últimos meses: el debate sobre la necesidad de un replanteamiento riguroso en este sector marginal de la minería asturiana, cuyo auge ha sido favorecido por los efectos negativos de la crisis industrial que atraviesa la región -76.000 parados- y la revalorización del carbón como fuente de energía.

Así, el secretario de CC OO de la minería, Avelino García, acusaba ayer de "connivencia" a la Delegación del Gobierno y a la dirección provincial de Industria, "por no aplicar con todo rigor la legalidad vigente y unas normas de vigilancia más estrictas". Avelino García aseguró a este periódico disponer de "copias de las irregularidades denunciadas hace tiempo en varias explotaciones, entre ellas Mina La Buena, cuya clausura pedimos en su día".

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA-UGT), José Ángel Fernández Villa, recordó ayer que su sindicato "ha pedido ya, en varias ocasiones, la reordenación en la explotación de los chamizos". Hace unos meses, en una carta dirigida a Obdulio Fernández, delegado del Gobierno en Asturias, Fernández Villa acusaba a éste de "adolecer de la sensibilidad necesaria para llevar adelante una política minera adecuada a las exigencias del sector".

Sin embargo, Obdulio Fernández declaró ayer a este diario que la delegación del Gobierno "ha puesto en marcha un dispositivo, con la colaboración de las direcciones provinciales de Industria y de Trabajo, que ha posibilitado claramente una reducción muy considerable de estas anomalías". La Delegación del Gobierno en Asturias cerró durante el pasado año siete de estas explotaciones clandestinas.