'The Washington Post' afirma que un diputado de AP cobro 25.000 dólares de una empresa estadounidense

Viene de la primera páginaJosé Ramón Lasuén manifestó anoche a este periódico que fue la empresa Adicsa, de la que él es socio, creada para elaborar trabajos económicos y legales, la que como tal recibió 25.000 dólares de Gray and Co. El dinero está depositado en una cuenta a nombre de la empresa en la sucursal del Banco Central de la calle Mayor de Madrid, como entrega inicial de un contrato para que dicha empresa española ejecute trabajos económicos, institucionales y legales básicos en América Latina y Europa, salvo en España.

"Gray and Co ofreció a Adicsa, como pago de los servicios", añadió Lasuén, "acciones de la compañía. Como nos interesaba y se trataba de una inversión en el extranjero, remitimos copia del contrato a la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía, a fin de que se nos concediera el permiso".

"Mientras se recibía la contestación de este Ministerio, que se demoró y nunca llegaría a recibirse", continuó José Ramón Lasuén, "la Gray and Co. creó una filial en Madrid y envió un gerente, que tuvo una serie de problemas con sus empleados. Conocedores de estos problemas y, como no queríamos vernos relacionados con este tema, Adicsa, por medio de carta notarial, comunicó en noviembre de 1984 a Gray and Co. que rescindía el contrato. Asimismo, le pedíamos que nos indicara a quién debíamos dirigirnos para devolverle los 25.000 dólares, fondos que desde entonces están congelados, a la espera de que Gray and Co. los retire".

Preguntado si tiene noticia de que se habían depositado en Baltimore 250.000 dólares en favor de Adicsa o de él mismo, José Ramón Lasuén contestó categóricamente: "En absoluto. Ni la más remota idea". Por último, a la pregunta de si sabe de alguna empresa eléctrica española que sea socia o tenga contrato con Gray and Co., el diputado respondió: "No sé. Lo único que sé es que la filial de Gray en España fue contactada para ver si podía organizar seminarios con las empresas eléctricas, a los que asistirían inversores extranjeros, fundamentalmente nortemaricanos, con el fin de fomentar la inversión bursátil extranjera en empresas eléctricas".

"Como en España escaseaba el crédito bancario y los préstamos en dólares eran fáciles", dijo Lasuén, "había necesidad de fomentar la influencia en medios de inversión norteamericanos. Me consultaron y dije que todo lo que fuera inversión en España lo consideraba positivo. Pero a medida que se ha incrementado el crédito español, las empresas han recurrido al mismo y no han sido necesarios los seminarios".

Manuel Fraga, que ayer se encontraba en Segovia, fue preguntado sobre esta información por nuestro corresponsal, y respondió que leería en cuanto pudiera The Washington Post, "pero todo el tema me parece un disparate", añadió.

Contrato millonario

Orfila fue contratado por 300.000 dólares anuales por Gray and Co. mientras actuaba aún como secretario general de la OEA. Durante tres meses compaginó ambos cargos, cobrando mensualmente 7.500 dólares de la OEA y 25.000 de su nueva empresa, hasta que la noticia fue publicada por la Prensa y Orfila fue expulsado de la Organización de Estados Americanos, informa desde Washington Francisco G. Basterra.

Tras contratar a Orfila, Robert Gray and Co. abrió una sucursal en Madrid la pasada primavera. La oficina fue abierta por Carter L. Clews, uno de los vicepresidentes de la compañía, que posteriormente abandonó la misma por la forma de conducirse las cosas en España. Clews confirmó a The Washington Post que cuando viajó a la capital española para instalar la oficina, Orfila le dio una carpeta amarilla con un número de una cuenta bancaria en Baltimore para que diera instrucciones en Madrid de que el dinero del contrato con la empresa eléctrica se depositara en dicha cuenta.

The Washington Post, citando fuentes próximas a Robert Gray, revela que Orfila estaba gestionando un contrato con una empresa eléctrica, no identificada, por valor de 500.000 dólares. Pero la empresa española no quería que se conociera su conexión con Robert Gray, por lo que Orfila ordenó que los pagos del cliente español se hicieran directamente en Estados Unidos.

Fuentes próximas a Robert Gray,siempre según The Washington Post, dijeron que la mitad de los 500.000 dólares se destinarían a pagar a un diputado español que actuaría como relaciones públicas. El contrato firmado por el parlamentario especificaba que éste debía pedir permiso al Gobierno español para trabajar con una firma extranjera. "Si este acuerdo", decía el contrato, "se revelase posteriormente ilegal ante la legislación española o americana, el contrato será anulado".

El diputado español no consiguió el permiso que le habían requerido, pero recibió 25.000 dólares de Gray and Co. y la promesa de 125.000 más si lograba finalmente la autorización para trabajar con ellos. El pasado otoño, la central de Washington, cuando vio que era imposible contar con el diputado, envió a altos ejecutivos a Madrid y rescindió el contrato. Para entonces la compañía eléctrica española ya había pagado 250.000 dólares a la firma americana. Gray and Co. le dijo a su cliente que se había gastado 125.000 dólares, le devolvió otros 10.000 y que estaba tratando de conseguir los 25.000 que ya había entregado al diputado de Alianza Popular. Carter Clews, el hombre que abrió la oficina de Gray en Madrid y posteriormente abandonó la empresa, explicó que Ken Gray, nieto del propietario de la compañía, se había quejado y estaba obsesionado porque "el dinero (de la operación española) está siendo blanqueado, y somos una gigantesca lavadora".

Expertos españoles en el análisis de la situación financiera de las eléctricas estiman que la mayor parte de las empresas del sector tienen intereses objetivos para mejorar su imagen en Estados Unidos, pero en ningún caso por temores a una posible nacionalización. Su interés se basa en la necesidad de renegociar en las mejores condiciones posibles su fuerte endeudamiento exterior en divisas con los bancos norteamericanos, que en promedio supera para el sector el 65%.