Las competencias de la policía vasca aun no están definidas

Los Gobiernos central y vasco aún no han llegado a un acuerdo sobre la delimitación exacta de las competencias que corresponden a la policía autónoma, creada hace cinco años. Concretamente, todavía no se ha señalado con claridad si la Ertzantza puede actuar por sí misma en la lucha antiterrorista o sólo puede intervenir en este terreno bajo la dependencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ésta ha sido una de las cuestiones que, en relación con el funcionamiento de la Ertzantza, ha originado tensos conflictos entre ambas administraciones.

La puesta en marcha de la policía vasca -cuya financiación se efectúa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, tras un laborioso pacto suscrito por el Gobierno de UCD y el Ejecutivo autónomo- ha supuesto, una larga serie de tensiones entre la Moncloa y Ajuria Enea, con las consiguientes suspicacias y desconfianzas mutuas.Los ex ministros del Interior Rodolfo Martín Villa y Juan José Rosón, así como el actual titular del departamento, José Barrionuevo, han mantenido sucesivamente numerosos contactos negociadores con el consejero del Interior vasco, Luis María Retolaza, desde 1980.

Los representantes de ambos Gobiernos en la Junta de Seguridad (órgano paritario creado para analizar cualquier posible conflicto de competencias en el área del orden público), no ¡tan tenido capacidad de decisión, y los problemas se han resuelto directamente en conversaciones rriantenidas entre los responsables de las carteras de Interior.

Algunos de estos conflictos, sin embargo, no han quedado todavía zanjados, fundamentalmente porque subsiste la discusión por las competencias en materia de terrorismo.

El artículo 17 del Estatuto de Autonomía Vasco reconoce a la Ertzantza plenas competencias en materia de orden público, con la excepción de servicios extra y supracomunitarios, tales como la "vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado".

Lucha antiterrorista

La definición del contenido de estos servicios es la discusión que todavía hoy se mantiene abierta.

El Estatuto de Guernica no hace referencia alguna a la lucha antiterrorista, y este extremo es el que ha originado las polémicas más fuertes entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Interior del Ejecutivo con sede en Vitoria.

Una de esas polémicas se entabló en febrero de 1982 entre el director de la academia de la policia autónoma, situada en Arcaute (Álava), Juan Porres, y el presidente de la representación del Estado en la Junta de Seguridad, Fernando Jimémez.

Este último hizo unas declaraciones en las que negaba a la Ertzantza competencias en materia antiterrorista y, a la vez, cuestionaba la facultad del Gobierno vasco para crear unidades especiales de la policía autónoma.

En junio de 1981, se originó un nuevo problema, probablemente el más grave registrado entre ambas partes con respecto a la policía autónoma, cuando la Administración central intervino en el proceso de selección de mandos militares que deseaban incorporarse a la Ertzaritza.

El 22 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado un decreto de Presidencia del Gobierno por el que se convocaban cuatro plazas para jefes y oficiales de la policía autónoma vasca.

Un total de 11 jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos el entonces comandante Carlos Díaz Arcocha, enviaron las solicitudes al Cuartel General del Ejército, y de aquí se remitieron al Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba Alberto Oliart (UCD).

Lista "manipulada"

Por causas aún no aclaradas, Díaz Arcocha y otros dos militares fueron eliminados de la relación de solicitantes que fue enviada al entonces lendakari, Carlos Garaikoetxea, para que éste eligiera a los que considerara más adecuados.

Garaikoetxea denunció públicamente que la lista de los militares candidatos había sido manipulada porque, según precisó, faltaban los expedientes de al menos dos comandantes y un capitán de Infantería.

El ministro del Interior, Juan José Rosón, reconoció la falta de algunas candidaturas y se refirió vagamente a "necesidades del servicio" para explicar la irregularidad. Una vez solucionado el problema, dos de los oficiales cuyos expedientes habían sido reclamados por Garaikoetxea, entre ellos el de Díaz Arcocha, figuraron entre los que el lendakari seleccionó para mandar la Ertzantza.

Precisamente Díaz Arcocha fue nombrado superintendente de la policía vasca, el máximo mando operativo.

El clima de desconfianza se prolongó con otros conflictos, como los suscitados a raíz de la compra de motocicletas alemanas para los policías de tráfico de la comunidad autónoma (vehículos de importación y más potentes que los empleados por las fuerzas de la policía estatal), los textos estudiados en la academia de Arcaute (por sus referencias a los conceptos de España y del País Vasco), o las declaraciones favorables a ETA del comandante Ignacio Urrutíkoetxea, uno de los mandos militares que se incorporaron a la Ertzantza, que fue fuiminantemente destituido tras publicarse sus palabras.

Posteriormente, a lo largo de 1983 se produjo un nuevo conflicto entre la Administración central y el Gobierno Vasco, cuando éste convocó nuevas plazas de mandos para la policía vasca. El Ejecutivo autónomo comunicó sus necesidades y la correspondiente orden ministerial de convocatoria de las plazas fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Relaciones personales

Seguidamente, la convocatoria debía haber sido insertada en los diarios oficiales de los ejércitos, ya que los militares acuden a esas publicaciones para conocer las vacantes profesionales a las que pueden aspirar.

Sin embargo, el plazo para cubrirlas expiró sin que las plazas hubieran sido publicadas en los diarios militares. Tras la coñsiguiente protesta del Gobierno vasco, tuvo que hacerse una nueva convocatoria.

Pese a todo, las relaciones personales entre los sucesivos ministros del Interior y el consejero del Interior vasco, Luis María Retolaza, han sido calificadas siempre por ambas partes como "muy cordiales".

De hecho, se trata de los departamentos que con más fluidez mantienen contactos que, en ocasiones, han logrado éxitos políticos tan importantes como el de la puesta en marcha de la reinserción social de etarras.