El juez ordena a Defensa que investigue si los servicios secretos tenían conocimiento previo del asesinato de Brouard

El Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao ha enviado un nuevo oficio al Ministerio de Defensa en el que ordena que tres servicios de información militares, entre ellos el CESID y el Servicio de Información del Ejército, investiguen el asesinato de Santiago Brouard, ocurrido el 20 de noviembre de 1984, y recaben el grado de conocimiento previo que pudieran tener del atentado los servicios de Información del Estado. Anteriormente, el juez, Arturo González Yagüe, había solicitado a Defensa, en un primer oficio, la dirección y responsables de los servicios secretos militares. Este oficio fue remitido por el juez a mediados de diciembre, junto con otro dirigido a la Comisaría General de Información, a petición del fiscal Emilio Valerio Martínez, de 28 años, quien fue apartado del caso y luego expedientado.

La Comisaría General de Información, que dirige Jesús Martínez, ha enviado al juzgado, en respuesta al oficio del fiscal Emilio Valerio Martínez, un informe de 12 folios en el que se descartan absolutamente las hipótesis de que la extrema derecha o grupos vinculados al Estado tuvieran relación con el asesinato, y centra sus acusaciones en ETA y Herri Batasuna. La acusación particular ha calificado este informe de "literatura policíaca rayana en la intoxicación".El informe del gabinete de estudios de la Comisaría General de Información, con fecha 28 de enero de 1985, recoge en 12 folios el análisis de los expertos de la policía sobre las hipótesis barajadas tras el asesinato del dirigente de Herri Batasuna. Un oficio judicial ordenaba investigar tales hipótesis a petición del fiscal Valerio Martínez, quien fue apartado del caso poco después y a quien se ha abierto expediente disciplinario. El fiscal había solicitado que se analizara e investigara desde grupos de extrema derecha hasta los servicios de Información del Estado, entre ellos el Cesid, la Guardia Civil y personas que reciben apoyo de los servicios del Estado o ayuda en su infraestructura.

El informe descarta por completo a grupos de extrema derecha como Fuerza Nueva, Fuerza Joven o Fuerza Nacional del Trabajo, indicando que están disueltos, y califica de imposible la presunta implicación de personas o instituciones del aparato del Estado en el atentado. Sin embargo, la mayor parte del informe está dedicado a intentar probar que el asesinato pudo haber sido obra de ETA o de Herri Batasuna, alegando las discrepancias en el seno de ambas organizaciones entre los sectores favorables y opuestos a la negociación de la organización terrorista con el Gobierno.

El informe de la Comisaría General de Información también incluye un estudio de las armas y los casquillos utilizados en el atentado, aunque no aporta ninguna información relevante que pueda dirigir las investigaciones para descubrir el tránsito de las armas a España o sus posibles destinatarios. La acusación particular ha solicitado un estudio técnico de las armas para averiguar su numeración.

Asimismo, Txema Montero, abogado de la acusación, ha solicitado una ampliación de este informe a la Brigada de Información Interior de la Comisaría General de Información. La solicitud ha sido denegada por el juez instructor del sumario, Arturo González Yagüe, decisión que se encuentra recurrida actualmente. La ampliación solicitada reclama que la Comisaría General de Información aporte un nuevo informe en el que se recoja el origen, naturaleza, ámbito, objetivo de actuaciones, medios subversivos, organización interna, subvención, relación con otros organismos terroristas, elementos detenidos y acciones más importantes de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).

Nombres ocultos

La acusación particular también ha solicitado a la policía que se informe ampliamente de 10 personas, cuya identidad no ha sido revelada, presuntamente relacionados con los GAL o con servicios paraestatales. Igualmente, ha pedido dos nuevas pruebas a las autoridades francesas en relación con las actuaciones y relaciones en España de los GAL. La anterior solicitud judicial a las autoridades francesas para que enviaran toda las actuaciones judiciales practicadas en Francia en torno a los GAL no ha llegado todavía al Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, a pesar de que fue requerida hace más de dos meses, a mediados de diciembre de 1984.

En total, la acusación particular ha pedido la práctica de 18 nuevas pruebas, de las cuales cinco le han sido denegadas por el juez y se encuentran recurridas. Las denegadas inicialmente son la toma de declaración del fiscal Emilio Valerio Martínez y la inclusión en el sumario de sus declaraciones en las que afirmó que el atentado se podría haber evitado, y que algunas instituciones del Estado podrían tener conocimiento previo del mismo; la inclusión en el sumario de las cintas grabadas con esas declaraciones; la declaración del periodista que las tomó; la ampliación del informe a la Comisaría General de Información, y el desarrollo de las investigaciones policiales dirigidas por el comisario Antonio Rosinos, jefe de la Brigada de Información de Bilbao (antiterrorista).

Fuentes jurídicas han informado a este periódico que el Ministerio de Defensa respondió al oficio judicial enviado al pasado 13 de diciembre en el que se pedía la dirección y responsables de tres servicios de información militares. Una vez que la respuesta al oficio llegó al juzgado, se solicitó al citado departamento que tres servicios de Información militares, entre ellos el Cesid y el Servicio de Información del Ejército, investigaran el asesinato del dirigente abertzale y especialmente el grado del posible conocimiento previo del mismo por parte de los servicios de información del Estado. Las mismas fuentes han informado que este nuevo oficio está redactado "en términos mucho más discretos que los utilizados por el fiscal Valerio, Martínez". Asimismo, se demanda un análisis de diversas hipótesis sobre los autores del atentado.

Reunión de 'ultras'

Una de las pistas más serias que se intenta aclarar consiste en una reunión de ultraderechistas que se desarrolló en Madrid días antes del asesinato de Santiago Brouard, y en la que tal vez se habló del atentado. Al parecer, algunas de las personas que asistieron a esta reunión tienen relación con algún servicio de información estatal. El comisario que dirige estas investigaciones, Antonio Rosinos, manifestó en privado que un infiltrado le había informado de esta reunión, y la pista fue seguida con máximo interés, pero fuentes jurídicas afirmaron que actualmente Rosinos está dispuesto a negar tal extremo ante quien sea. Las mismas fuentes mantienen la hipótesis fundada de que Rosinos llegó a comentarle al fiscal Valerio Martínez esta pista, y ello provocó que éste solicitara cándidamente a los servicios de información del Estado si alguno de ellos pudo tener conocimiento previo del asesinato o participación alguna en él.

Esta indiscreción de Rosinos parece haberle traído algún disgusto con sus superiores y, según fuentes policiales, fue llamado a Madrid el pasado 15 de enero por el ministro del Interior, José Barrionuevo, aunque tal extremo no ha sido confirmado oficialmente. La acusación particular pregunta al comisario Rosinos, además de una información sobre el curso de la investigación, si algún funcionario policial o el propio comisario tienen alguna fuente de información sobre la mencionada reunión precedente al asesinato de Brouard.