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Dos oficios que crisparon e hicieron saltar los resortes del Gobierno

El pasado 13 de diciembre de 1984 dos oficios del juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao eran dirigidos al ministerio de Defensa y a la Comisaría General de Información, dependiente del Ministerio del Interior, solicitando diversa información sobre el asesinato del dirigente abertzale Santiago Brouard. La orden judicial de investigar a los servicios de información del Estado sobre el atentado provocó la alarma del Gobierno y el relevo del fiscal hasta entonces encargado del caso, Emilio Valerio Martínez, quien había solicitado al juez que ordenara esas investigaciones.El oficio dirigido al Ministerio de Defensa solicitaba la dirección y la identidad de los responsables de tres servicios militares. Eran el Cesid, el Servicio de Información del Ejército y E.M.A.C.O.N. (Estado Mayor Conjunto). La razón de que el fiscal Valerio utilizara estas últimas siglas provenía de haberlas visto en el organigrama de los servicios de inteligencia del Estado publicados por una revista.

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El segundo oficio, dirigido a la Comisaría General de Información, solicitaba facilitar información sobre el eventual. previo conocimiento del atentado por parte del algunos servicios del Estado y además se ordenaba "comentar, analizar y, en su caso, descartar" una serie de hipótesis.

Entre estas hipótesis se encontraban grupos de extrema derecha organizados (las siglas citadas eran FN, FJ y FNT), personas o grupos de extrema derecha no organizados, los GAL, servicios de inforinación de la Guardia Civil, el Cesid o personas que reciben apoyo de los servicios del Estado o ayuda en su infraestructura, ETA y Herri Batasuna.

Los oficios judiciales, que provocaron la alarma del Gobierno, fueron remitidos al ministro de Justicia, Fernando Ledesma, el 28 de diciembre, quince días después de que fueran enviados por el juzgado que instruye el sumario en Bilbao. Ledesma los trasladó al fiscal general del Estado en funciones, Cándido Conde Pumpido, quien encauzó hacia el fiscal jefe de Bilbao el problema planteado que culminó con el relevo del fiscal Valerio Martínez de las investigaciones y con la posterior apertura de expediente disciplinario sobre su actuación.

Antes de remitirse los dos oficios al ministro de Justicia, José Barrionuevo, titular de Interior, informó verbalmente a Fernando Ledesma del mencionado oficio, como confirmó el propio ministro de Justicia.

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Fiscal Valerio

Actualmente la acusación particular ha solicitado la declaración del fiscal Emilio Valerio Martínez, prueba que ha sido denegada incialmente por el juez instructor del sumario y ha sido recurrida ante la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao que resolverá este trámite presumiblemente esta semana.

La acusación particular quiere incluir además las declaraciones a Radio Bilbao del fiscal Valerio Martínez en las que denunciaba que el atentado pudo haberse evitado y que algunas instituciones del Estado podian haber tenido conocimiento previo del asesinato.

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