La Administración y los ayuntamientos preparan la reforma de los impuestos locales

Los ministerios de Economía y Hacienda, y Administración Territorial intentarán ponerse de acuerdo con los ayuntamientos, durante unas reuniones que se inician hoy en Valladolid, sobre el proyecto de ley de financiación de las haciendas locales, que el Gobierno pretende enviar a las Cortes antes del verano próximo. Ante la reforma anunciada corno inminente desde 1981, las partes coinciden en que la futura imposición municipal deberá basarse en la propiedad, la actividad económica y la circulación. Pero discrepan en el volumen de transferencias del Estado; Hacienda desearía congelar sus niveles, mientras que los ayuntamientos pretenden casi duplicarlos.Las sesiones de Valladolid, que durarán tres días, congregarán a alcaldes y expertos de la Administración central y autonómica, bajo los auspicios de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que representa a ayuntamientos, diputaciones y cabildos Pese a su denominación de "Seminario", delegados de la Adminis tración y de los ayuntamientos que asistirán han declarado que acuden con el objetivo de que las con clusilones sirvan de base al proyecto de ley de financiación de las haciendas locales, para que su texto pueda ser enviado por el Cobierno a las Cortes antes del verano.

Sobre los proyectos de ley ma nejados hasta ahora (dos distintos en 1981 y un tercero en 1983), la Administración central y la FEMP trataron el pasado mes de noviembre, con la concurrencia de profesionales del derecho, de pergeñar uno definitivo que asumiera el Gobierno socialista. Pero la comisión creada al efecto apenas esbozó una serie de criterios generales, para cuya plasmación en el proyecto definitivo el Ministerio de Economía y Hacienda ha señalado que previamente deberían ser aclaradas importantes incertidumbres,: el papel futuro de las diputaciones provinciales, el proyecto de ley del impuesto sobre el valor añadido (IVA), las condiciones del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y el enfoque final de la financiación autonómica.

Incertidumbres

Aunque la ley de bases de régimen local -actualmente pendiente de su aprobación en el Senado- ha despejado algunas dudas sobre las diputaciones, todavía persisten otras sobre las relaciones entre la financiación de las autonomías y sobre el problema combinado IVA-CEE. Hay tributos locales que repercuten. sobre las ventas, hecho impositivo reservado por las normas comunitarias al IVA. Asimismo, la tributación de los cabildos canarios dependerá de si dichas islas formarán parte o no de la unión aduanera.Portavoces de la Administración y de la FEMP expresaron ayer su confianza en concretar las aproximaciones logradas hasta ahora, que se centran en superar la actual dispersión de los tributos y tasas locales mediante una reordenación basada principalmente en tres figuras impositivas: sobre la propiedad (aplicado a bienes cuyo valor se aproxise a precios de mercado y con la posible adición de tasas por servicios obligatorios), la actividad económica (Hacienda espera que los ayuntamientos decidan la absorción del impuesto de radicación por las licencias fiscales) y la circulación de vehículos (los municipios preferían un recargo sobre la gasolina, pero la Administración lo rechazaba). Los munipios piden cuatro figuras menores: movilidad urbana, restauración, estancias y espectáculos, tasas por servicios divisibles y recargo en el impuesto sobre la renta.

Mientras que en las nuevas figuras impositivas las diferencias son de detalle -sobre la regulación general y homogenea, hay coincidencia, en dejar amplios márgenes para actuaciones ajustadas a la peculiaridad de cada municipio-, las transferencias del Estado a los municipios han originado grandes discrepancias. El Ministerio de Economía y hacienda, pese a su preocupación por el déficit público, está dispuesto a discutir si las transferencias a los ayuntamientos deben guiarse por criterios de suficiencia (en función de las necesidades o servicios) o por la redistribución. Pero propugna fórmulas tendentes a conservar la situación vigente: que la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado (algo más de 270.000 millones para 1985 procedentes de la recaudación de Hacienda) cubra en torno al 30% de los ingresos municipales.

Del 15% al 25%

Por el contrario, los ayuntamientos -en la medida del consenso conseguido entre ellos por la FEMP- piden fuertes aumentos de las transferencias estatales (es decir, de la Administración central y de la autonómica), sobre todo en los primeros años de rodaje de la ley. Dicen que ahora reprsentan en torno al 15% de los presupuestos del sector público y que deberán llegar al 25%, aunque no han determinado el plazo. En lo que respecta a las transferencias de la Administración central, algunos recuerdan que el programa del PSOE les prometió subir del 7% al 12% de los ingresos estatales no cedidos y que, si bien en 1983 rozaron el 8%, han vuelto a bajar paulatinamente hasta poco más del 6,5% en el presente año.Para ello, la FEMP propondrá que, con el fin de aplicar el principio de suficiencia financiera previsto en la Constitución, se tengan también en cuenta, entre otros, los siguientes: unidad de todas las administraciones públicas combinada con la proporcionalidad en el reparto de los recursos necesarios para afrontar el coste de los servicios prestados por cada una, compensación por los precios políticos, subvenciones a la capitalidad y referir la suficiencia financiera a los servicios encomendados como obligatorios por las leyes.

Una de las novedades al respecto radica en que los ayuntamientos aceptan los fondos de cooperación procedentes de otras administraciones -en Madrid todavía se mantienen los recelos de algunos ayuntamientos sobre el proyectado por la Comunidad Autónoma-, siempre que no tengan carácter finalista.