El Supremo anula parte de la normativa sobre subvenciones a centros privados

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado nulos varios apartados de una orden ministerial de Educación y Ciencia que regulaba las normas sobre concesión de subvenciones a los centros privados por juzgarlos contrarios a los principios de igualdad ante la ley y de libertad de enseñanza establecidos en los artículos 14 y 27, respectivamente, de la Constitución, informa Efe. La sentencia estima en parte los recursos interpuestos contra dicha orden ministerial por la Confederación Católica de Padres (Concapa), la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y la Confederación de Centros de Enseñanza (CECE).El Supremo considera una limitación al derecho a la "libre elección de centro" el criterio de dar preferencia para la concesión de subvenciones a los centros que atiendan a alumnos de nivel socioeconómico más desfavorecido o que escolaricen con carácter exclusivo una determinada zona geográfica.

El alto tribunal, que parte de la "neutralidad ideológica" de los centros escolares públicos establecida en una sentencia anterior del Tribunal Constitucional, afirma en la sentencia, según informa Efe, que el Estado no puede suplir la existencia de centros privados con su ideario educativo propio. En estos centros, según se precisa en la sentencia, los padres de familia pueden sentir realizado "el derecho fundamental de que sus hijos reciban la formación educativa que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Otro de los motivos alegados por los recurrentes y que ha sido estimado por el Tribunal Supremo para declarar su nulidad es la exigencia de un número mínimo de unidades para que un centro sea subvencionado. La normativa ministerial establecía un mínimo de ocho unidades en los centros de EGB, tres en los de formación profesional de primer grado y seis en los de segundo grado.

Profesores titulares

De igual modo, se anula el requisito establecido por el ministerio de que al menos la mitad del profesorado de los centros de formación profesional sean titulares, así como la exigencia de que en dichos centros las clases se impartan obligatoriamente en jornada de mañana y de tarde.La sala confirmó, en cambio, la potestad del ministerio para imponer un mínimo de alumnos por unidad para que ésta pueda ser subvencionada, así como la de establecer un tope máximo a los precios que los centros beneficiarios de ayudas oficiales pueden cobrar a sus alumnos.

Igualmente desestimó que a la FERE le asista derecho a estar representada en las comisiones de subvenciones, tal y como pretendía esta federación religiosa, cuyo recurso fue defendido por el letrado Fernando Garrido Falla. Los de la Concapa y la CECE fueron defendidos por Jesús González Pérez y Ramón Parada, respectivamente.

Un portavoz de la CECE, principal organízación patronal del sector, que preside Ángel Martínez Fuertes, declinó comentar la sentencia y remitió a este periódico a una conferencia de prensa que se convocará próximamente. El portavoz señaló que era pronto para emitir oipiniones, puesto que no se había dispuesto de tiempo suficiente para estudiarla.