Cuenca alta del Manzanares, un parque insuficiente

El autor resume la tortuosa trayectoria de los planes de protección del monte de El Pardo y su entorno, al norte de la ciudad de Madrid, y critica la creación de un parque regional que excluye del ámbito de protección ambiental la reserva paisajística y ecológica del monte citado, perteneciente al Patrimonio Nacional.

En octubre de 1980, el grupo de trabajo creado por el Ayuntamiento de Madrid para elaborar una proposición de ley de protección del monte de El Pardo y su entorno, dirigido por el catedrático Fernando González Bernáldez, culminaba su trabajo. Como expresión de la voluntad del equipo de gobierno municipal, formado por el PSOE y el PCE, se hizo pública una propuesta políticamente necesaria, técnicamente correcta, y viable, cuyos ejes básicos serían:a) El carácter estructurante del territorio del corredor verde que une la Sierra de Guadarrama con el municipio de Madrid hacía imprescindible un tratamiento integral de todos sus componentes.

b) Era, por tanto, necesario garantizar la centralidad del monte de El Pardo en el área a proteger por sus características especiales (cercanía al núcleo urbano, valores naturales únicos en la submeseta norte, peculiaridad de su fauna y flora, etcétera).

c) Junto al monte de El Pardo había que proteger, mediante un sistema integrado, el entorno constituido por el territorio que abarca el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (La Pedriza, sierra de Hoyos, Viñuelas, etcétera), recién aprobado.

Esta propuesta fue remitida a las Cortes Generales, apoyada por los grupos socialista, comunista y mixto, en noviembre de 1981. No fue tramitada. En la primavera de 1984, el portavoz comunista la sometió a la consideración del Congreso de los Diputados. Fue rechazada y en el rechazo participó de modo claro el Grupo Socialista, a través de Juan Barranco, argumentando que la Asamblea de Madrid iba a debatir un proyecto mucho más amplio, técnicamente más acabado y con un planteamiento ajustado a la realidad de la Comunidad de Madrid.

En su ya largo camino de renuncias y concesiones, el PSOE, a través de la Consejería de Ordenación del Territorio, presenta al Parlamento regional en junio de 1984 la ley que anunciara Barranco ante el Congreso de los Diputados. Ya no se trataba del proyecto de ley del Monte de El Pardo y

su entorno, y tampoco del proyecto de ley del Parque Natural Monte de El Pardo-Cuerda Larga, sobre el que se había trabajado más de dos años, sino del proyecto de ley de creación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Es decir, del proyecto inicial pasamos al semiproyecto. Nos quedamos con el entorno.

La posición comunista

¿Cuál ha sido la actitud del Grupo Comunista en la Asamblea? Tras el rechazo de una proposición de ley presentada la pasada primavera, nos pusimos a trabajar en el proyecto remitido por el Consejo de Gobierno. Tras un período de consultas con la Federación de Amigos de la Tierra, que culminaron en la celebración de unas jornadas conjuntas el pasado otoño, presentamos una enmienda a la totalidad con texto, alternativo y 23 enmiendas parciales. El planteamiento comunista ha sido en muy claro: incorporar el monte de El Pardo, que es parte inseparable del territorio que va a ser sometido a tratamiento.

En esa dirección ha ido nuestra propuesta alternativa. Entendía el PCE que al ser el monte de El Pardo un bien del Patrimonio Nacional y carecer de competencias la Comunidad en esa materia, la regulación jurídica del espacio a proteger debería canalizarse mediante ley de Cortes Generales, ejerciendo la Asamblea de Madrid la iniciativa legislativa, elaborando un proyecto y remitiéndolo al Gobierno de la nación. Asimismo, entendía que la figura más adecuada sería la de parque nacional, por ser

la de mayor rango en cuanto a garantías de protección, según la Ley de Espacios Naturales vigente, y porque la existencia de bienes del Estado así lo exigía.

Planteábamos también que gran parte del territorio del monte de El Pardo (con la excepción del patrimonio histórico-artístico y del área de protección de la residencia del jefe del Estado) se desvinculara de la dependencia del consejo de administración del Patrimonio Nacional, a fin de garantizar una gestión integrada de todo el corredor verde desde el patronato que al efecto, y mediante la ley, se crearía (y cuyo presidente de honor sería el Rey).

En el patronato habría de estar representada de modo suficiente la Comunidad de Madrid, y la ley tendría vigencia hasta que fuera adaptada la ley de Espacios Naturales de 1975 a la realidad autonómica del Estado definida en la Constitución (necesidad, por otro lado, apremiante), tras lo cual la Comunidad habría de tener plena competencia no sólo sobre el entorno, sino sobre la mayor parte del monte de El Pardo, con las excepciones arriba señaladas. Hasta aquí la propuesta comunista.

La ley aprobada

Como es obvio, la alternativa ha sido rechazada. Y ha salido adelante, con algunas modificaciones, el proyecto del Consejo de Gobierno. A nuestro juicio, y a pesar de que se ha ampliado el ámbito territorial con una larga franja al oeste del monte de El Pardo -dando al PCE parcialmente la razón-, la ley es insuficiente. Reconociendo el avance que supone con respecto a la situación anterior, tan cara al Grupo Popular, la marginación del monte de El Pardo supone un gran obstáculo para el futuro.

En primer lugar, porque no existen vías claras que garanticen que el futuro plan rector de uso y gestión pueda influir de modo determinante sobre la situación interna del monte, y hemos de quedar a la espera de los posibles convenios con el consejo de administración del Patrimonio.

La argumentación utilizada por el PSOE, en el sentido de que su interior está suficientemente protegido y que el problema esencial es proteger el entorno, porque de ahí viene el peligro del deterioro, es una verdad a medias.

Ya en 1980 (hace cuatro años y medio), en el documento reseñado al principio del presente artículo se destacaban algunas acciones negativas sobre el monte, que es de suponer se han mantenido (al menos, no hay información en contrario): la existencia en sus proximidades de complejos deportivos como el Parque Sindical, el Club de Campo, Somontes o el hipódromo, y la apertura sin restricciones de 900 hectáreas en su margen están teniendo un efecto de degradación permanente por el tránsito indiscriminado de personas y vehículos; en el sureste del embalse existen zonas alteradas por la extracción de áridos para la construcción de la presa, y el control sobre el desarrollo de la fauna y las distintas especies vegetales es más que discutible. Junto a ello, los madrileños desconocen las medidas de protección que sobre su ámbito se vienen aplicando y los usos científicos y docentes que se desarrollan en su interior (usos que, según la Ley 23/82 del Patrimonio Nacional, debía potenciar su consejo de administración). Es decir, para el PCE era imprescindible (y lo sigue siendo) su incorporación al parque regional aprobado por la Asamblea de Madrid.

Pero, en todo caso, la ley ya es norma. Y junto a esta grave insuficiencia, no podemos obviar que se ha dado un paso adelante. Un paso, por otro lado, imprescindible para evitar el deterioro a que se estaba viendo sometido el pasillo verde Madrid-sierra de Guadarrama. Con él se frenan operaciones especulativas sobre el territorio que hubieran supuesto una hipoteca futura prácticamente insalvable (ya existían 156,7 hectáreas invadidas por urbanizaciones ilegales) y se frenan usos y actuaciones cuyo efecto sería irreversible para el ecosistema.

Asimismo, quedan garantizados los usos agrícolas y ganaderos que son tradicionales en la zona y que son la base de la economía de sus municipios. La asunción de algunas enmiendas del Grupo Comunista por parte del PSOE ha introducido algunas mejoras (protección de embalses y recursos acuíferos, de la fauna y de la flora acuática) y el rechazo de todas aquellas que pretendía introducir el Grupo Popular en cuanto a recortes en el ámbito territorial nos permite hablar con esperanza de una situación que es mejor que ayer pero que ha de mejorar mañana.

EL PCE exigirá la constitución a corto plazo del patronato del parque regional, la elaboración del plan rector de uso y gestión y la puesta en práctica de las medidas necesarias para acordar con el consejo de administración del Patrimonio Nacional vías de tratamiento de los desequilibrios en el ecosistema del monte de El Pardo y medidas de regulación de los usos educativos y culturales de su interior. Trabajaremos para que el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares pase del texto a la realidad cotidiana y para que su ampliación sea un hecho.

es periodista, diputado por el PCE en la Asamblea de Madrid.