Protesta oficial del Colegio de Abogados de Madrid por la 'trampa' policial contra García de Enterría

BONIFACIO DE LA CUADRA La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid denunció ayer, por unanimidad, la trampa policial de que fue objeto el abogado y catedrático Eduardo García de Enterría por parte de la Brigada de Delitos Monetarios en relación con la supuesta evasión de capitales recientemente investigada. La citada junta, presidida por su decano, Antonio Pedrol, estudia las acciones legales en relación con este tema. En la reunión se informó asimismo de la forma engañosa en que también fue obligada a declarar ante la mencionada brigada policial la esposa de García de Enterría, Amparo Lorenzo Velázquez.

En relación con los hechos objeto de la información adelantada el pasado sábado por este periódico sobre la trampa policial de que fue objeto García de Enterría el lunes, día 4 de febrero -confirmada el día 11 por su abogado, Gonzalo Rodríguez Mourullo (ver EL PAIS de ayer)-, el órgano de gobierno de los abogados madrileños se reunió en la tarde de ayer en sesión urgente, convocado por su decano, Antonio Pedrol.El comunicado hecho público a primera hora de la noche de ayer comienza así: "La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados ha tenido conocimiento de que la Brigada de Delitos Monetarios convocó al abogado y miembro de este colegio, Eduardo García de Enterría, para que fuera a ocuparse de la asistencia al detenido señor Palazón y que, cuando se presentó en la Brigada para cumplir esa invocada misión profesional, se puso en claro que se trataba de una añagaza para detenerle".

Ante la gravedad del empleo de dicho truco policial con el prestigioso jurista, la corporación profesional de los abogados ofrece la siguiente valoración: "Este hecho, que denunciamos ante las autoridades y la opinión pública, significa una engañosa apelación al cumplimiento del deber de defensa, que supone una directa violación de la legislación vigente, lamentablemente realizada por quienes estaban obligados a dar ejemplo de respeto a la misión constitucional de la abogacía".

Tras estas consideraciones, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid hace público que en estos momentos "está procediendo", dice el comunicado oficial, "al estudio de concretas acciones legales, en defensa de la correcta aplicación de las normas de asistencia letrada al detenido y, en definitiva, del Estado de Derecho".

Durante la reunión de los máximos dirigentes de los abogados madrileños se informó también sobre el engaño de que había sido objeto la esposa del catedrático, Amparo Lorenzo Velázquez, si bien la Junta de Gobierno no adoptó ningún acuerdo en relación con la misma.

Dificultad familiar

Fuentes oficiosas manifestaron a este periódico que, de acuerdo con la información a la que tuvo acceso la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, tras producirse la declaración del profesor García de Enterría, se instó a este para que, desde la propia Brigada de Delitos Monetarios, telefoneara a su esposa Para pedirle que acudiera allí, pero sin poder decirle para qué y sin posibilidad de ofrecerle todos los detalles del caso ni de la trampa de que él mismo había sido objeto.

Una vez ante la brigada policial, la esposa del profesor García de Enterría conoció que se la llamaba en calidad de detenida en relación con la evasión de capitales. Amparo Lorenzo manifestó la dificultad familiar en que se encontraba, ya que su padre, de avanzada edad, iba a ser operado inminentemente, y solicitó un aplazamiento de su declaración.

Según las mencionadas fuentes, los miembros de la Brigada de Delitos Monetarios le aconsejaron que declarara inmediatamente y le insinuaron que, de lo contrario, en los calabozos lo pasaría mal.

En relación con las declaraciones de ambos cónyuges, otras fuentes jurídicas han manifestado la extrañeza ante el hecho de que se exigiera que fueran precisamente los dos, cuando en principio parece descartada la relación de Eduardo García de Enterría con los hechos que se investigan.

Tales fuentes señalaron que, en caso de que la razón de este hecho se encuentre en la vinculación económica de ambos cónyuges, en virtud de la sociedad matrimonial de gananciales, no se entiende bien que otros de los supuestos implicados, también casados, hayan acudido solos tanto a la Brigada de Delitos Monetarios como al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.