El Gobierno regional estudia el ejercicio directo de competencias urbanísticas en Boadilla del Monte

El Gobierno regional de Madrid estudia la posibilidad de sustituir al Ayuntamiento de Boadilla del Monte en el ejercicio de sus competencias urbanísticas como consecuencia del cúmulo de irregularidades en este municipio, según ha declarado el viceconsejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, Jesús Morón. Cinco delegados municipales del Ayuntamiento han dimitido o han sido sustituidos desde el verano pasado por discrepancias con la alcaldesa, Matilde Múgica. El Grupo Popular, mayoritario en la corporación, ha llegado a la ruptura a causa de las actuaciones urbanísticas de la alcaldesa.

La Consejería de Ordenación del Territorio, de acuerdo con las atribuciones que le confiere la ley del Suelo, "dispone de suficientes argumentaciones jurídicas y técnicas para asumir las funciones del Ayuntamiento de Boadilla, dado el comportamiento negligente de la alcaldesa de este municipio en materia de urbanismo", afirma el viceconsejero, Jesús Morón. La cuestión ha sido estudiada por el Gobierno regional, aunque no se ha adoptado una decisión."El caso de la alcaldesa de Boadilla es enloquecedor", añade Morón. Matilde Múgica, vicepresidenta regional de Alianza Popular, no sólo es un problema para los socialistas del Gobierno regional: en pocos meses ha provocado el cese de su delegado de Urbanismo y la dimisión de otros cuatro delegados de servicios municipales, todos de su grupo político.

El presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para 1984 fue de 294.828.421 pesetas y en él se incluía un crédito oficial por importe de 100 millones. El presupuesto para 1985 se cifra en 259 millones de pesetas, lo que supone un incremento real de más de 60 millones sobre los recursos propios de este municipio en el año anterior. El desarrollo urbanístico en Boadilla amenaza con triplicar su población en pocos años.

La lista de irregularidades urbanísticas en Boadilla convierte a este Ayuntamiento en "un caso insólito", pero los responsables de la comunidad autónoma dicen que tienen miedo a que la aplicación de la ley del Suelo en el Ayuntamiento de Boadilla "se interprete como que tratamos de atacar al Grupo Popular, y no es así".

El principal problema gira en torno al retraso que el Ayuntamiento de Boadilla ha provocado en la revisión del Plan General de Ordenación de este municipio. Entre tanto, se han cometido irregularidades a las que el Gobierno regional trata de poner coto frente a la política de los hechos consumados. Empresarios que han hecho importantes inversiones se ven ahora en un callejón de difícil salida y tienen que recurrir a las autoridades de la comunidad para que les resuelvan los problemas.

En la primavera del año pasado la Consejería de Ordenación del Territorio tuvo que intervenir directamente en la suspensión de licencias y paralización de obras de 224 viviendas unifamiliares que se construían en el polígono de Valdepastores y que "contravenían el planeamiento urbanístico en vigor". En la urbanización Pinocentinela, la consejería constató la inexistencia de proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento, pese a que se habían empezado a realizar obras de urbanización y edificación.

La ausencia de control y fiscalización urbanística por parte del Ayuntamiento de Boadilla queda especialmente expresa, según la Comunidad de Madrid, en el caso del Plan Parcial del Ensanche del casco urbano de este pueblo. El hecho de que no se haya realizado la urbanización simultánea de cuatro polígonos del ensanche, prevista en el plan parcial, ha llevado a la consejería a iniciar un expediente de incumplimiento de obligaciones.

"Un caso típico de insolidaridad y daños irreparables en el medio ambiente", según las autoridades regionales, lo constituyó la decisión adoptada en pleno, el día 29 de junio del pasado año, de transportar la basura de las grandes urbanizaciones ajenas al casco urbano a un nuevo vertedero abierto en terrenos municipales, cuando en 1984 se aprobaron los estatutos de la mancomunidad para la recogida de residuos sólidos en la zona de la que forma parte el Ayuntamiento de Boadilla, con funcionamiento de una planta de transformación. El vertedero "resulta inaceptable porque carece de las autorizaciones preceptivas y los terrenos en que se asienta se consideran no aptos para tal objeto".

Otros casos que la Consejería de Ordenación del Territorio ha seguido con atención son la construcción de un nuevo cementerio, con modificación ilegal del proyecto y sin respetar las indicaciones del Plan Parcial, o el intento de derribo de la Casona de la Millonaria, un edificio calificado por el propio Ayuntamiento como de interés histórico-artístico.