El juez investiga un delito monetario tras el desfalco de un millón de dólares en Las Palmas

Agustin Vizcaíno Santacruz, director de la sucursal número 1 del Banco Exterior de España en Las Palmas, ha sido puesto en libertad provisional por el juez que instruye el caso del presunto desfalco de un millón de dólares (más de 160 millones de pesetas, aunque fuentes oficiosas hablan del doble de dinero), supuestamente cometido por el apoderado del Banco Popular Español, Guillermo Morera Rodríguez (véase EL PAÍS 22 de enero 1985).Vizcaíno está presuntamente implicado no tanto en el desfalco como en un delito monetario de evasión de divisas cometido posteriormente a raíz del primero. El juez Javier Seoane, titular del juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, ha decretado que Vizcaíno se presente cada 15 días ante él.

Con las medidas judiciales adoptadas contra el director de la sucursal del Banco Exterior, son ya seis las personas implicadas en los supuestos delitos de desfalco y posterior evasión de divisas: el apoderado del Popular, Guillermo Morera, que ya se entregó hace 10 días; sus dos presuntos cómplices directos, Víctor Manuel Aubeso Matamoros y Manuel Pérez Santana, aún en paradero desconocido; el industrial valenciano, Lauro Lario Juan, particular que abrió una cuenta conjunta en el Banco Exterior, junto a la empresa Hijos de Rafael Ruiz, y que ahora se encuentra en la cárcel en prisión incondicional, como Morera; Carmelo Ruiz, el gerente de la empresa antes citada, que sirvió de avalista a Lario para que pudiera sacar el dinero del Banco Exterior, a cambio del cheque del millón de dólares firmado por Morera (Ruíz está en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas), y el propio Agustín Vizcaíno, cuya situación es la de libertad provisional.

Fuentes cercanas al juez instructor estiman que ya no hay más posibles implicados en el caso, conocido como el desfalco del Popular o el desfalco del millón de dólares, si bien las investigaciones siguen su marcha normal, tanto a nivel judicial como policial, por si se pudieran encontrar otras responsabilidades penales.

A pesar de las actuaciones judiciales contundentes, el juez Seoane aún no ha dictado ningún auto de procesamiento, ya que todavía las diligencias previas se hallan en fase de indagación.

Las detenciones de las tres últimas personas supuestamente implicadas en el delito monetario han sido posibles merced a la declaración hecha ante el juez por el teórico primer culpable, el apoderado del Banco Popular, Guillermo Morera, aunque ya la opinión pública empieza a considerarle sólo el cabeza de turco.

Morera, sin embargo, que se encuentra en prisión incondicional, ha expresado a su abogado, José María Palomino Martín, que no está dispuesto a decir todo lo que sabe. Al parecer, el apoderado del Banco Popular teme el cumplimiento de amenazas de muerte hechas supuestamente a su familia, por parte de otros posibles implicados. Se ha especulado que detrás del desfalco posiblemente hay grupos mafiosos.