Peces-Barba pedirá que los debates sobre investigaciones sean públicos

El presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, informó ayer que propondrá a la Cámara que los debates en pleno sobre las conclusiones de las distintas comisiones de investigación ahora en funcionamiento sean públicos. El presidente anunció asimismo que el Pleno previsto para el 12 de febrero. será aplaza do para que no coincida con el de bate sobre el Estado de las autonomías que celebrará el Senado en esa fecha. Peces-Barba, tras estudiar el calendario parlamentario, ha decidido suspender el Pleno del día 12 "a fin de que el Senado tenga el protagonismo necesario en un debate sobre el Estado autonómico al que deberá asistir el Gobierno".Las conclusiones de las comisiones especiales de investigación dedicadas a Rumasa, las catástrofes aéreas de finales de 1983 y el caso Flick sufrirán también un retraso. Para cerrar la polémica so bre si los plenos de las comisiones de investigación deben ser públicos o secretos, Peces-Barba planteará a la Junta de Portavoces la necesidad de presentar una moción en favor de un pleno público El retraso se debe a que la moción deberá ser aprobada por el Congreso con anterioridad al debate sobre las conclusiones de las comisiones.

La moción solicitará del Pleno que las conclusiones de las comisiones de investigación sean públicas, siempre y cuando ello no afecte a la intimidad de las personas. Preguntado por la posibilidad de que el Pleno votara por el secreto del debate de las conclusiones, Peces-Barba afirmó que se sometería a la soberanía del mismo, pero recordó su tesis de que mientras las comisiones deben mantener su carácter secreto para no entorpecer la investigación, los plenos deben ser con luz y taquígrafos. Esta ha sido la opinión mantenida por el presidente del Congreso desde el día que se planteó la necesaria interpretación reglamentaria del problema.

Por otra parte, un grupo de abogados de Madrid está estudiando, por encargo del Grupo Popular del Congreso, la posibilidad de presentar una querella contra la Administración por las catástrofes aéreas. A la querella se sumarían los afectados que lo deseasen, según manifestó a Europa Press el diputado del Grupo Popular José Antonio Trillo.