Hospitales, ¿una escalada hacia el caos?

España dispone de buenos hospitales y de excelentes equipos humanos en sanidad, señala el autor de este trabajo. Pero frente a ello opina que los recursos son insuficientes y no están racionalmente utilizados, y que la política del Insalud es perjudicial y discriminatoria contra los centros privados. Por último, argumenta que los mayores paladines de la medicina privada en España son precisamente los actuales dirigentes del Ministerio de Sanidad.

Más de una vez ha ocupado las paginas de los periódicos el doloroso espectáculo de enfermos encamados en los pasillos de los hospitales, triste imagen que un país desarrollado como el nuestro no puede ofrecer. Pero sobre esa triste realidad hay que apresurarse a decir que España dispone hoy de un buen conjunto de centros hospitalarios, donde se está realizando una medicina de alta calidad comparable a la de las naciones más avanzadas en este terreno; disponemos, pues, de buenos hospitales y buenos equipos humanos. Pero a la vista está que no son suficientes.Además de insuficientes, los recursos no están utilizados todo lo racionalmente que fuera necesario. En grandes líneas, la descripción del proceso sería la siguiente:

1. Tenemos un número de camas hospitalarias por mil habitantes inferior a la media de los países desarrollados y, desde luego, muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

2. Existe una muy diferente calidad asistencial, distribución geográfica, etcétera, de las camas hospitalarias.

3. Nuestros hospitales, en su inmensa mayoría de titularidad pública, tienen una dependencia patrimonial y administrativa muy diversa (Insalud, comunidades autónomas, diputaciones, universidad, etcétera).

4. Más del 90% de los españoles son beneficiarios de la Seguridad Social y, por tanto, del Insalud, que ejerce así una especie de monopolio de la demanda de servicios hospitalarios.

Señalados estos puntos, veamos cómo se desarrolla dinámicamente el modelo. El incremento de la población asegurada por la Seguridad Social en los últimos años ha sido muy superior al de camas en centros hospitalarios del Insalud, por lo que éste ha tenido que recurrir de forma creciente a colocar a sus enfermos en hospitales ajenos a la red propia. Pero los acuerdos a los que ha llegado con estos hospitales, tanto de titularidad pública (diputación, universidad) como privada (ya fuera éste de institución sin ánimo de lucro como de sociedades mercantiles), han sido de carácter leonino. De tal manera que el Insalud gasta por cama/día en sus hospitales aproximadamente el doble de lo que paga a otro ajeno con un nivel asistencial semejante; de ahí la descapitalización y la situación de práctica quiebra de un buen número de centros, de los que la Clínica de la Concepción, de la Fundación Jiménez Díaz, de Madrid -la famosa Concha-, es el ejemplo más reciente.

El Insalud ha venido y viene utilizando la ley del embudo, aprovechándose del control sobre sus asegurados (que, por cierto, no han tenido opción ninguna de elegir su sistema de seguros). Las cosas se plantean así: o el centro en cuestión acepta las condiciones del Insalud o éste le retira los posibles usuarios. Y aún más grave que la económica es la discriminación que se produce al enviar a los hospitales concertados una mayoría de enfermos crónicos, incurables, con enfermedades poco exigentes de esfuerzo diagnóstico o terapéutico; es decir, científicamente, poco estimulantes, y nada rentables desde el punto de vista socioeconómico.

En el proyecto de la futura ley general de Sanidad se contempla la creación de una red única de hospitales de titularidad pública; eso es algo positivo que pondrá fin, en parte, al proceso descrito. Y decimos en parte porque, a pesar de las insistentes peticiones de la Organización Médica Colegial, no se ha admitido, por parte del Ministerio de Sanidad, que también formen parte de la red aquellos hospitales de titularidad no pública que, reuniendo los requísitos asistenciales exigibles, pidiesen formar parte de la misma sin perder la situación patrimonial.

Se ha dicho que con esto lo único que se pretendía era favorecer a las clínicas privadas con fondos públicos: no hay peor sordo que el que no quiere oír; la mayoría de los hospitales que pudieran integrarse son de instituciones sin ánimo de lucro (Cruz Roja, Fundación Jiménez Díaz, etcétera), y este país no puede permitirse el lujo de desaprovechar ni un solo hospital que reúna las condiciones técnico-sanitarias exigibles.

Una vez más prima el sectarismo ideológico sobre los aspectos científicos en este sector. Con el sambenito de "defensores de la medicina privada" -cosa execrable por lo que se ve- se pretende cortar de raíz cualquier petición racionaliz adora. Y los enfermos siguen en los pasillos..., por mucho dinero que se gaste el Insalud en hacer propaganda de la humanización hospitalaria. Suena a sarcasmo.

Y no teman los que nos acusan de defensores de la medicina privada. Ésta, de momento, se defiende sola.