La Junta de Andalucía anuncia que en 1985 nombrará un comisionado para la droga
Andalucía contará a primeros del mes de enero próximo, con un comisionado para la droga, según declaró el director general de Justicia de la Junta de Andalucía, Antonio Sainz Pardo, en el transcurso de las decimosegundas jornadas nacionales sobre Sociodrogalcohol que se han celebrado en Granada y a las que han asistido más de 400 especialistas de distintos países europeos.Sainz Pardo expresó su preocupación por el problema de las drogas, que se ve agravado por el hecho de que la mayoría de los delitos suelen ir acompañados del consumo de algún tipo de droga, y e refirió al alcohol, al que llamó droga de los andaluces", por cuanto, según datos oficiosos, de los tres millones de alcohólicos que hay en España, cerca de medio millón son andaluces.
La ley de Peligrosidad
Por su parte, el juez Emilio Berlanga -portavoz de uno de los grupos de trabajo y miembro del secretariado del colectivo de magistrados progresistas denominado Jueces para la Democracia- expresó la necesidad de derogar la ley de Peligrosidad Social, por considerarla inconstitucional, y de revisar el artículo 554 del Estatuto de los Trabajadores que considera la toxicomanía como causa disciplinaria de despido, y pidió asimismo que los toxicómanos tengan igual trato legal que los llamados enfermos comunes.Las conclusiones de las. jornadas hacen referencia especial al tabaco, al que se considera como un problema grave de salud pública y modelo de iniciación de conductas derivadas del consumo de drogas. En consecuencia, se solicita el cumplimiento de la legislación vigente y la adopción de medidas restrictivas sobre publicidad y promoción de productos derivados del tabaco.
Según otras conclusiones, es urgente establecer normas de control de productos inhalantes, colas y disolventes, así como regular el uso de la metadona para que se utilice sólo en centros públicos especializados. Llaman también la atención sobre la "necesidad perentoria y urgente de creación de centros de desintoxicación y deshabituación para que la administración de justicia pueda lograr efectividad".
Las jornadas pusieron de manifiesto el distinto enfoque público con que se aborda el fenómeno de la drogadicción, que merece las máximas repulsas sociales cuando su práctica se vincula con conductas personales calificadas de progresistas, mientras obtiene una gran comprensión y tolerancia cuando guarda relación con hábitos muy enraizados en las tradiciones sociales andaluzas, aunque de ninguna manera menos nocivas.
