La cruzada de Margaret Thatcher a favor del sector privado
Cuando Margaret Thatcher llegó al 10 de Downing Street, el 3 de mayo de 1979, un dogma y un sueño alentaban en su cabeza. El dogma, fiel reflejo de las doctrinas monetaristas de Milton Friedman, puede resumirse en una frase: "Cuanto mayor sea el sector público, mayores serán las amenazas a las libertades". El sueño: diseminar la propiedad de las empresas públicas con el fin de conseguir que el Reino Unido sea "no sólo una democracia de proletarios de casas, sino una democracia de propietarios de empresas".La arrolladora victoria conseguida en las segundas elecciones generales por Margaret Thatcher, que le proporciona la más amplia mayoría parlamentaria de este siglo, no ha hecho más que asegurar a la primera ministra británica que está en el buen camino. Desde la llegada al poder de los conservadores, nueve empresas nacionalizadas han pasado al sector privado, desde los automóviles Jaguar desgajados de British Leyland, hasta los hoteles propiedad de los ferrocarriles británicos. La operación más espectacular ha sido la venta de cerca del 51% de las propiedades de British Telecom, la empresa nacional de telecomunicaciones, a manos privadas. Y la fiebre de la privatización sigue. En la próxima primavera, el Gobierno se propone la venta de la mayoría de la propiedad de la compañía British Airways, en estos momentos la línea aérea nacional más rentable del mundo.
El secretario financiero del Tesoro, John Moore, anunció el pasado julio en el Parlamento que, además de British Airways, el Gobierno se propone privatizar en el curso de este Parlamento los astilleros, la Compañía Nacional de Autobuses, la mayor parte de las operaciones en los aeropuertos británicos, la Rolls-Royce, así como partes importantes de British Steel (acero) y British Leyland. En los momentos actuales, las principales industrias nacionalizadas comprenden los sectores del carbón, electricidad, gas, acero, telecomunicaciones, astilleros, correos, aeropuertos, petróleo, agua y ferrocarriles.
Nada menos que tres libros blancos fueron publicados con Gobiernos conservadores y laboristas en 1961, 1967 y 1978. Las conclusiones fueron siempre las mismas: la empresa pública no es competitiva, está sobrecargada de personal, aumenta las necesidades de endeudamiento del Tesoro y sus decisiones están siempre marcadas por consideraciones políticas.
