Tres meses de polémica

La primera manifestación pública de Joaquín Leguina en torno al aumento de la presión fiscal en la comunidad autónoma se produjo en junio de 1983. En su discurso de investidura, el presidente madrileño se comprometió a no incrementar la fiscalidad durante su mandato. Un año más tarde, el pasado mes octubre, seis alcaldes de la sur madrileña solicitaban a na la constitución de un fondo económico de solidaridad regional con recursos procedentes recargo del 3% sobre el imo de la renta de las personas físicas (IRPF).Leguina trasladó la propuesta el octubre al Consejo de Gode la comunidad, que aprobó el recargo solicitado del 3%, entrada en vigor se preveía el ejercicio fiscal de 1985. Técnicos de Hacienda de la delegación de Madrid estimaron en 11.000 millones los ingresos previsibles por el recargo, al tiempo que la oficina de coordinación legislativa del PSOE y el Ministerio de Economía y Hacienda expresaban sus dudas sobre la constitucionalidad del proyecto.

A mediados del pasado mes de noviembre, el consejero de Economía y Hacienda, Francisco Gil, manifestaba que el recargo no se aplicaría sobre la renta de 1984, pero sí sobre el ejercicio de 1985, a condición de que Hacienda adelantase en 1985 a la comunidad autónoma parte de los fondos correspondientes a la recaudación por el recargo en ese año. La petición provocó un enfrentamiento entre el Gobierno regional y Hacienda, que no aceptó adelantar los fondos y argumentó que incrementaría el déficit público.

Días después, Leguina calificó de sinvergonzonería las críticas que se formularon desde algunos medios de comunicación, y aclaró que los ayuntamientos trabajaban en el proyecto desde el mes de enero, "aunque con gran discreción".

Javier Ledesma, consejero de presidencia del Gobierno regional, anunció el 28 de noviembre pasado, que el recargo debería ser liquidado en el primer semestre de 1985 sobre las rentas ingresadas en el ejercicio de 1984, al no acceder Hacienda a hacer efectivos los adelantos que el ejecutivo autónomo había puesto como condición para posponer el nuevo impuesto hasta el año próximo.

El debate sobre el proyecto de ley comenzó en la asamblea legislativa el 30 de noviembre. Leguina había declarado la víspera que el apoyo que necesitaba para imponer el recargo se lo prestaba el millón de votos que obtuvo en las elecciones. El alcalde de Madrid, Enrique Tierno, dijo primero que, constitucionalmente, el nuevo impuesto es "un tema opinable y dudoso", y después reconoció haber presionado a la comunidad para que desechara la idea. Al final, el Ayuntamiento decidió "apoyar el proyecto por solidaridad con los municipios periféricos".