La ley del recargo del 3% en el impuesto sobre la renta sólo tuvo el apoyo del Grupo Socialista

La Asamblea de Madrid aprobó ayer, por 42 votos a favor (Grupo Socialista) y 24 en contra (Grupos Popular y Comunista), la ley del Fondo de Solidaridad Municipal, en virtud de la cual los madrileños deberán pagar un recargo del 3% sobre la cuota líquida del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El debate fue largo, y durante el mismo los tres grupos reprodujeron los argumentos que han esgrimido en la polémica de las últimas semanas. Coalición Popular y el PCE coincidieron en que la ley debía llamarse, no del fondo, sino "del recargo", puesto que el fondo como tal no existe.

Ambos partidos de oposición coincidieron también en que el recargo se impone por la incapacidad del Ejecutivo regional de Joaquín Leguina para conseguir del Gobierno central la cesión de tributos, imprescindible para lograr la autonomía financiera de la comunidad autónoma. Los socialistas rechazaron las 80 enmiendas de los grupos Popular y Comunista y sólo aceptaron una de matiz terminológico del primero de ellos.José Luis Casas Nombela, portavoz del Grupo Comunista, afirmó que el recargo es lo que realmente justifica la ley del Fondo de Solidaridad Municipal, puesto que las restantes aportaciones que recibirán los ayuntamientos (los presupuestos del actual Plan de Cooperación, los del Plan de Inversiones y los del Plan de Comarcas de Acción Especial) ya existían años antes de la creación de la ley. Nombela afirmó que el recargo no es progresivo, aunque sí lo sea el IRPF, y dijo que se aprueba en un contexto en el que el Gobierno está bonificando las rentas de capital y existe todavía una gran bolsa de fraude fiscal.

José Antonio López Casas portavoz del Grupo Popular propuso la supresión total del recargo y argumentó que el incremento de la presión fiscal queda demostrado porque, en caso contrario, no se generarían unos excedentes, que son los que van a nutrir el fondo de solidaridad López Casas afirmó que es injusto que los ciudadanos madrileños, que soportan la mayor presión fiscal de España, se vean agredidos por un nuevo impuesto y añadió que existen dudas sobre la constitucionalidad de la ley del recargo, puesto que va afectar también a bienes fuera de la comunidad'madrileña.

Leguina acusa a la oposición

Francisco Cabaco, del PSOE, respondió a los dos diputados de la oposición y reafirmó la creencia del Grupo Socialista de que el nuevo impuesto no incrementa la presión fiscal, aunque la desplaza de unos sujetos a otros, desde el momento en que habrá algunos ciudadanos que paguen más mientras otros muchos pagarán menos y otros no pagarán nada. Es más injusto, aseguró Cabaco, que ciudadanos que ganan salarios muy diferentes paguen tasas iguales o de muy similar cuantía.En este punto del debate se produjo la única intervención de Joaquín Leguina, quien afirmó que el Grupo Popular está abusando con sus continuas amenazas de recurrir al Tribunal Constitucional, como si éste fuera una segunda cámara. "Ha habido ya otro recargo similar en el País Vasco", afirmó, "que no ha sido recurrido. Hacerlo ahora sería una discriminación contra Madrid y significaría entrar en un juego muy peligroso".

Luis Guillermo Perinat, del Grupo Popular, contestó a Le guina y argumentó que su grupo no ha afirmado que el recargo sea anticonstitucional, sino que tiene serias dudas, al margen de que aún no existe una decisión definitiva respecto a la presentación del recurso. Perinat reafirmó que "sí existe incremento fiscal, puesto que, si se recaudan 9.000 millones por el recargo y el Ayuntamiento de Madrid deja de cobrar 7.200 millones de pesetas por la eliminación de tasas, el resto tendrá que ser pagado por los madrileños". De nuevo intervino Joaquín Leguina, esta vez para recriminar a Perinat el ha ber confundido los 7.200 millones de pesetas que dejará de recaudar el Ayuntamiento madrileño con los 9.000 millones de pesetas de recaudación oficialmente prevista por la comunidad autónoma, que deberían compararse con la recaudación de tasas de todos los ayuntamientos de la provincia.

Los grupos políticos de la oposición coincidieron en que la ley del Fondo de Solidaridad Municipal no debería comprender las transferencias corrientes a los ayuntamientos, sino que todos los recursos del fondo deberían destinarse a inversiones.

Otro aspecto que recibió críticas unánimes de la oposición fue el poder absoluto que, a juicio de los grupos Popular y Comunista, confiere la ley al Gobierno regional para decidir las inversiones que se van a realizar en cada Ayuntamiento en detrimento de la autonomía de las corporaciones locales.

La sesión fue seguida por circuito cerrado de televisión por unos 70 alcaldes y concejales de la provincia de Madrid, la mayoría perteneciente al PSOE, que representaban a 27 localidades.

El presidente del Gobierno regional, Joaquín Leguina, tuvo que quedarse sin votar el artículo 2º al pedirle el presidente de la Asamblea legislativa, Ramón Espinar, también del PSOE, que abandonara la sala por haber ordenado ya el cierre de las puertas. Leguina había salido mientras se debatía el articulado de la ley, como otros muchos diputados, con intención de regresar cuando sonara el timbre de aviso para la votación.

Por otra parte, los representantes socialistas que habían acudido a la Asamblea de Madrid firmaron un escrito dirigido al presidente del Gobierno regional en el que se considera la aprobación de la ley como un "importante hito en el sistema de financiación de los ayuntamientos" y se afirma que, con la decisión adoptada, "la comunidad de Madrid manifiesta de una manera efectiva, y no sólo verbal, su interés por los ayuntamientos".