Más allá del recargo
El recargo del 3% sobre el IRPF que afectará a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid es -según el autor de este artículo- una medida progresiva que resulta del Estado de las autonomías. Joaquín Leguina defiende este nuevo impuesto argumentando que sus detractores -entre los que señala a EL PAIS- mantienen una posición neocentralista.
El Parlamento vasco aprobó su Ley 23/1983, de 27 de octubre, que suponía un recargo sobre el impuesto de la renta (IRPF), y el asunto no mereció excesiva atención jurídica, ni crítica política alguna.En el mes de diciembre de 1983, 637 municipios españoles votaron recargos sobre el IRPF, alcanzando en muchos casos niveles nada despreciables: cerca de 50 de ellos impusieron recargos superiores al 10%.
Reducción de tasas
En el mes de noviembre de 1984, la Comunidad Autónoma de Madrid, impulsada por representantes municipales que alcanzan a Más del 90% de los habitantes de la región, presenta un proyecto de ley creando un Fondo de Solidaridad Municipal, que habrá de financiarse parcialmente con un recargo del 3%. sobre la cuota líquida del IRPF. Los ayuntamientos implicados en la iniciativa se comprometen a reducir o eliminar sus anticuadas tasas. En concreto, el Ayuntamiento de la Villa de Madrid retirará las tasas de basuras y alcantarillado, lo que representa unos 7.200 millones de pesetas que no serán pagados por los contribuyentes (una media de unas 9.000 pesetas por familia). En otras palabras: el recargo no exigirá un mayor esfuerzo fiscal, y el fondo, que se nutre de otros recursos fuera del recargo, permitirá una redistribución y, lo que es tan significativo, mayores inversiones públicas en una región, la madrileña, batida por dos grandes problemas: el paro y la falta de infraestructuras derivadas de una inmigración masiva en años pasados e importante aún, región necesitada, por tanto, de inversiones públicas y privadas lo más abundantes posible. De repente, cual si de rabo de gato se tratase, ocurre una desmedida respuesta y, entre otros eventos, un matutino independiente, en este caso también de la razón y la mesura, dedica cuatro editoriales a tan magno asunto. Toda la Prensa diaria ha incluido páginas de opinión al respecto y han abundado, en los media menos moderados, insultos, descalificaciones e injurias. ¿Por qué?
Ello no se debe a que el mentado recargo sea un ataque despiadado contra el bolsillo del ciudadano normal, pues se prevé que en torno al 85% de los vecinos de Madrid pagarán menos, caso de aprobarse la ley, que sin su existencia. Indicio fehaciente del presente aserto es que ningún medio escrito, con escasas excepciones, ha informado de cuánto habrá de pagarse por tan terrorífico recargo. Alguien podría pensar malévolamente que quienes cumplen la alta responsabilidad de editorializarnos se han sentido agredidos en sus propias carteras, puesto que disponen de altas rentas, pero tal pensamiento sería mezquino.
Tampoco se han de explicar las desmesuras porque la ley invada la autonomía municipal. Autonomía defendida con nuevo afán por quienes siempre la ignoraron, en tanto que los munícipes se muestran partidarios del sistema que la denostada ley propone.
Asimismo, difícilmente pueden deberse tan briosos ataques a la fantasmagórica inconstitucionalidad de la ley, y ello por dos razones. Una, porque ya hay precedente: el recargo vasco, no recurrido por nadie ante el Tribunal Constitucional; y dos: ¿quién puede sostener, en contra de la LOFCA, que los ayuntamientos sí pueden poner recargos y las comunidades autónomas no?
Podría argüirse, -quizá, que el nuevo sistema no es lo suficientemente progresivo, pero los convertidos o reconvertidos a tales progresos, o se muestran incapaces de dar una alternativa progresista y viable al ya repetido recargo, o caen, pese a las añosas siglas políticas que las acompañan, en posiciones simplemente retrógadas desde el punto de vista fiscal, sólo explicables por el escaso nivel técnico de quienes se atreven a escribirlas y publicarlas.
Un hecho nuevo
Habrá algún que otro motivo político para tan colosales ataques Surgen, al caso, varias explicaciones. Una es clara: la derecha está en la oposición y, lógicamente, se opone a toda iniciativa del Gobierno regional. Pero, ¿de dónde le viene este inesperado apoyo en medios más templados y por tanto con más capacidad para crea opinión?
Algunos defensores sinceros de sistema democrático se resisten a aceptar un hecho nuevo y dificil mente reversible, la existencia de las comunidades autónomas; este neocentralismo, visible no sólo en el cuarto poder, sino también en los otros; admiten, "porque no hay más remedio", las autonomías vasca y catalana; con tapujos, la gallega, y consideran que el resto es un invento, y con más precisión, en el caso de la Comunidad de Madrid: "Un invento incomprensible". Que tal oposición no tenga nada de racional y que arremeta de frente contra la Constitución y las leyes no parece importar a tales predicadores, que, cuando ejercen desde algunos púlpitos, se ponen en trance y levitan nimbados de divina luz, blandiendo su espada flamígera.
Causas
Generalmente, un fenómeno tiene varias causas, pero en este caso concreto no parece exagerado postular que el principal rechazo se debe a que una institución se decide a ejercer sin tener en cuenta si están servidos o negados el pan y la sal de que disponen los titulados líderes de opinión.
Las leyes, el ejército, los jueces, la policía y... los impuestos han representado, desde que se tiene memoria, la expresión del Estado o, con más precisión, del poder. últimamente, a tales símbolos se ha unido la televisión como representación suma de algo que, para entendernos malamente, puede denominarse información. Pues bien, en este asunto ha acabado por mezclarse el susodicho invento audiovisual, y ello no a propósito de la ley que se trata, sino de la capacidad legal que tiene la autonomía de Madrid para crear un canal propio, y aquí entran en juego intereses políticos y dineros contantes. Es ésta otra parte de la presente historia de la que se podría escribir más largo y más oblicuo.
No parece, si uno lo piensa con serenidad, que sea sólo el tantas veces repetido recargo el que da lugar a la polémica; es más bien el lógico temor a lo nuevo y, en concreto, al ejercicio como tal de una nueva institución, cuyo asentamiento dependerá en gran medida no de estos polémicos discursos, sino de la utilidad de su acción para los ciudadanos.
es presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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