Junta extraordinaria de los abogados barceloneses sobre libertad de expresión

Una junta extraordinaria del Colegio de Abogados de Barcelona, en la que previsiblemente se exteriorizarán posturas radicalmente encontradas y fuertes tensiones entre los colegiados, debatirá hoy el derecho de los letrados a proporcionar información a los medios de comunicación. El tema de la libertad de expresión de los letrados, enfrenta a los miembros de la Junta, presidida por Antonio Plasencia y apoyada por los sectores conservadores, mayoritarios en este colegio profesional, con los componentes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y del Libre Ejercicio de la Profesión, con los que se alinean otros colegiados.Unas declaraciones públicas de los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo en relación con la querella sobre Banca Catalana desencadenaron la polémica, hace algo más de un mes.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados reaccionó con dureza ante las declaraciones de los fiscales, aunque en ellas no se hacía ninguna mención a aspectos concretos del caso ni se desvelaba el secreto sumarial. La junta hizo público un comunicado crítico hacia los fiscales, a pesar de que hasta ese momento el colegio había guardado silencio frente a otras declaraciones, éstas relacionadas con la defensa de los querellados en el asunto de Banca Catalana. El pronunciamiento oficial del Colegio de Abogados tuvo considerable, trascendencia en algunos medios de comunicación, cuyas voces se sumaron a la desautorización del derecho a informar libremente. Posteriormente, el 13 de -noviembre, la junta emitió otro comunicado en el que se recordaba un acuerdo aprobado dos años antes y en el que textualmente se decía: "Queda prohibida al abogado cualquier información a la prensa-radio y televisión, con excepción de los comunicados indispensables para la defensa de los intereses que le han sido confiados. En tal caso, habrá de solicitar la autorización de la Junta de Gobierno, después de haberle sido sometido el texto que desea publicar".

Derechos fundamentales

Ante esta situación, en la que muchos profesionales consideran que se vulneran derechos amparados por la Constitución, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del propio colegio hizo pública una protesta contra la decisión de la junta, por estimarla inconstitucional. Los miembros de la comisión mostraban también su extrañeza por el, a su juicio, excesivo interés demostrado por el máximo órgano de gobierno del colegio en relación con el caso de Banca Catalana. Además, reclamaron que en el orden del día de la próxima junta fuera incluido un debate sobre la cuestión.Frente a esta última nota, se produjo una más dura reacción de la junta, que aprobó en su última reunión, por un escaso margen de votos -en último término, decidió el propio decano-, someter a debate la posible prohibición de otro derecho que muchos colegiados consideran amparado por la Constitución: el de asociación de los letrados en el seno del colegio.