Suma y sigue

MIENTRAS EL PSOE celebraba la primera sesión de su 30º congreso, un muchacho de 23 años resultaba gravemente herido en Madrid a consecuencia de un balazo policial. Aunque los sucesos no hayan sido todavía totalmente aclarados, la Delegación del Gobierno afirma que el joven José María Carrero, partícipe en una manifestación no autorizada, recibió uno de los siete disparos de fuego real efectuados por la dotación de un coche patrulla contra un grupo que había bloqueado una calle del barrio de Lavapiés. Con independencia de las diligencias judiciales, las autoridades han abierto una investigación y han suspendido cautelarmente en el servicio a dos agentes. Sin embargo, el informe policial asegura, sorprendentemente, que los miembros de la dotación hicieron sólo disparos intimidatorios, uno de los cuales tuvo la mala fortuna de topar con la espalda de José María Carrero y de alojarse en su bazo.La manifestación, iniciada en el paraninfo de la Ciudad Universitaria, se había trasladado, con un número menor de participantes, a la ronda de Valencia, donde hace cinco años murieron dos jóvenes a resultas de disparos efectuados por las fuerzas de orden público. Hay datos que permiten aventurar que los manifestantes, probablemente inspirados por grupos legalizados de la izquierda extraparlamentaria, actuaron con escaso miramiento o con ningún respeto hacia las formas de protesta aceptables en un sistema democrático. Es evidente que el cruce de autobuses para obstruir la calzada y la violencia contra las persona y las cosas desborda por completo el marco del derecho de reunión pacífica amparado por la Constitución. En este sentido no existe paralelismo posible entre los sucesos de anteayer y la demostración autorizada -violentamente interrumpida, sin embargo- celebrada el jueves contra la tortura o las movilizaciones estudiantiles del pasado 4 de diciembre. La cuestión estriba tan sólo en las desproporcionadas medidas represivas aplicadas contra los manifestantes ilegales por las fuerzas de orden público, que dispararon con fuego real y causaron un herido.

En la sesión del Congreso celebrada el 14 de diciembre de 1979, el diputado Felipe González formulé al ministro del Interior una pregunta sobre la muerte de los dos jóvenes producida en la manifestación no autorizada contra la ley de Autonomía Universitaria, cuya conmemoración dio lugar a los disturbios de anteayer. En su intervención, el secretario general del PSOE afirmó que acontecimientos de ese género eran insólitos en nuestros países vecinos, incluido Portugal. Aunque las "manifestaciones ilegales y violentas" -señaló Felipe González- también se producen en otras naciones democráticas, su represión no produce esos trágicos resultados. El actual presidente del Gobierno recordó que el mayo francés no ocasionó ni un solo muerto, aunque miles y miles de manifestantes acosaban diariamente a la policía. Y en respuesta a las explicaciones del ministro centrista del Interior, que trataba de esconderse tras los policías, Felipe González subrayó su propósito de distinguir claramente entre "la responsabilidad de la policía", cuyos problemas humanos y profesionales comprendía ("de ninguna manera estamos enjuiciando la actuación de dos, tres, cinco o 20 policías concretos"), y "la responsabilidad política de la dirección de la policía" blanco de su protesta.

Saltan a la vista las desemejanzas entre los sucesos ocurridos, con cinco años de diferencia, en 1979 y 1984. Aunque gravemente herido, José María Carrero conserva la vida. Las fuerzas de seguridad dependen del ministro Barrionuevo, miembro del Gobierno socialista. Dicho sea en su honor, el ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, ha tenido la sensibilidad humana y la valentía política suficientes para visitar al estudiante herido. El delegado del Gobierno en Madrid ha suspendido a los policías que efectuaron los disparos. Pero tampoco faltan en este cuadro comparativo las similitudes. Todavía en 1984 los informes policiales siguen fabulando sobre erráticos disparos intimidatorios y al aire que terminan por matar o por herir gravemente a equivocados manifestantes, dotados al parecer de una prodigiosa capacidad de vuelo. Una misma demagogia, propiciada por el Ministerio del Interior y coreada por los medios de la derecha autoritaria, finge olvidar que la Constitución ordena a las fuerzas y cuerpos de seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana", sin darles cheques en blanco. Porque la necesaria adecuación, en un sistema democrático, entre los medios represivos y los fines de orden público excluye, por definición, el empleo de armas de fuego para disolver manifestaciones y la utilización desproporcionada de ese monopolio legítimo de la fuerza que el Estado administra en nombre de los ciudadanos.

El reciente informe sobre 1984 de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH) menciona "las diferentes muertes o lesiones de gravedad que ha sufrido un considerable número de personas como consecuencia de las actuaciones policiales o de la Guardia Civil", no sólo con ocasión de la detención de presuntos delincuentes, sino también a resultas de "intervenciones enmarcadas en el ámbito del mantenimiento del orden en el supuesto de manifestaciones u otro actos reivindicativos". Algunas autoridades judiciales han señalado que el empleo legítimo de la violencia estatal "no puede identificarse con el uso irracional, arbitrario o inhumano de la fuerza material". Su aplicación debe encuadrarse dentro de unas coordenadas de ponderación, delimitadas por la legalidad vigente, la inexistencia de alternativas y la proporcionalidad, la cual implica la selección gradual de los medios en función de su menor capacidad destructiva y la valoración racional de la fuerza en relación con la gravedad de la agresión y la importancia de los bienes, en conflicto. Ni que decir tiene que el derecho a la vida, el más importante bien jurídico, merece el máximo respeto incluso en los supuestos de alteración de las reglas necesarias para el normal funcionamiento de la comunidad.

La proliferación de manifestaciones de protesta -Madrid ha sido escenario durante esta semana de varias convocatorias- hace inexcusable ese recordatorio acerca de los requisitos del empleo. de la fuerza represiva, que vale tanto para las reuniones autorizadas como para las demostraciones ilegales. El Gobierno socialista, demasiado proclive a la autocomplacencia triunfalista y a las abstracciones macroeconómicas, corre el riesgo de olvidar que las demandas sociales insatisfechas suelen desbordar los cauces de expresión legales cuando sus reivindicaciones no son escuchadas o sus protestas son sofocadas mediante el uso arbitrario de la violencia. Un sistema democrático es un proceso de negociación pacífica de conflictos, en el que el poder político tiene el decisivo papel de distribuir las cargas y de fomentar las transacciones. Por esa razón, el Gobierno socialista tiene que plantearse la necesidad no sólo de instrumentar una política de orden público tradicional, sino también de reflexionar sobre las causas últimas de la conflictividad social, bien sea en el mundo universitario o en los sectores industriales en crisis.