Sectores del PSOE y UGT, a favor de aplazar las reformas más duras de la Seguridad Social

Importantes sectores del PSOE y de la UGT se disponen a presionar al Gobierno, con motivo del 30º congreso del partido, para que las medidas más duras de reforma de la Seguridad Social sean aplazadas hasta finales de 1986 o principios de 1987. Entre tanto, quieren que la reforma sea sometida a concertación, incluso con partidos políticos, y que durante el próximo año sólo se apliquen las normas de mayor aceptación: las leyes de sanidad, servicios sociales y la que fije el nivel mínimo de las pensiones y su revalorización automática.

La corriente de opinión en el sentido de que la parte dura de la anunciada reforma de la Seguridad Social (SS) debe ser concertada y aplazada hasta la próxima legislatura se ha fraguado en torno a las emniendas recibidas a la ponencia de síntesis, presentada por la Ejecutiva del PSOE. El denominador más común de estas propuestas radica en que hablar de quiebra para referirse a la SS es prejuzgar el necesario debate, así como las posibles soluciones.Tales enmiendas sugieren la apertura de un debate amplio sobre la reforma. Algunas apuntan, en concreto, que limitarse como solución a frenar el crecimiento de los gastos -línea apuntada como principal remedio desde el equipo económico del Gobierno- significa presuponer que se abandonan otras actuaciones posibles para aumentar los ingresos.

Posiciones de los sindicalistas

A relanzar este debate contribuirán las posiciones nucleadas desde UGT en torno a su secretario general, Nicolás Redondo. Piensan muchos ugetistas que la reforma de la SS será un proyecto de tanto calado económico y político que debe merecer una coricertación previa, además de garantizar los derechos adquiridos y de defender a los pensionistas de la inflación. En esta idea se inscribe la propuesta de la central socialista de que se diera participación en la comisión de la SS del AES a CC OO. La propuesta fue, sin embargo, rechazada.Los sectores ugetistas que apoyan a Redondo son partidarios de que el Gobierno no pueda utilizar la comisión de teforma de la SS derivada del AES, para justificar ante la opinión pública que las medidas que se adopten cuentan con el consenso de los interlocutores sociales.

Igualmente, importantes sectores del PSOE creen que sería un "suicidio político" aplicar soluciones quirúrgicas a la SS, justamente el año anterior a las elecciones legislativas. Y hace unos meses algunos apuntaron la posibilidad de retrasar la reforma a la próxima legislatura. El reciente debate de los Presupuestos les reafirmó en estas impresiones. Cuando el diputado conservador José Ramón Lasuén dijo que los socialistas contribuyeron con sus reivindicaciones desde la oposición a disparar los gastos de la SS y afirmó que el actual sistema de reparto podría mantenerse con medidas adecuadas, el diputado Alejandro Cercas le replicó que el Grupo Popular ahora no se atreve a exponer lo que realmente piensa, y que prefiere callar en roman paladino lo que ha dicho hasta hace poco en lenguaje de catedrático.

En este contexto, los reiterados anuncios desde el Gobierno a la reforma de la SS como un todo -la de bases de la sanidad y la de prestaciones económicas-, han sido sustituidos por la declaración de que será gradual y configurada por media docena de leyes. Aparte de la ley sanitaria, saldría otra de servicios sociales, una tercera de pensiones asistenciales o mínimas, otra de pensiones contributivas y al menos otra más que regule los complementos privados de pensiones a través de los fondos de pensiones.

Sin embargo, aunque han admitido esta gradualidad, los medios gubernamentales más próximos a Economía y Hacienda piensan que el enorme coste de las primeras -sobre todo, de la ley sanitaria y de las pensiones mínimas- exigiría ahorros paralelos, pues se ha estimado que la tendencia actual del gasto en pensiones llevaría en 10 años a elevar la diferencia entre ingresos y gastos del sistema desde el billón de pesetas a tres billones en 1993. Frente a ello, según han reconodido medios de la Administración, hay tres posiciones en UGT: dejar la reforma para 1987, racionalizar ahora lo que se pueda o reformar ya, pero con introducción de numerosas cláusulas de garantía y con extensión de los períodos transitorios.