La Asociación Pro Derechos Humanos pide que se sancione a los responsables de torturas

La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) presentó ayer su Informe 1984, en el que se recoge, como "cuestión más preocupante", la constatación de que continúa existiendo la tortura, pese a la persistente negativa del Gobierno a admitir que se produzcan graves irregularidades en determinados centros estatales de detención. El informe da cuenta de la comprobación de una serie de malos tratos, tanto a presuntos terroristas como a detenidos acusados de delitos comunes, y pide al Gobierno "que sean sancionados los responsables".

La APDH expresa su discrepancia con las autoridades del Ministerio del Interior, que "niegan de forma habitual" estos hechos. El informe señala que la tolerancia ministerial impide "poner en marcha los mecanismos de investigación y corrección tajante de los abusos que se producen, por lo que "no eximimos de culpa", dice, "a quienes, pudiendo hacerlo por su competencia, niegan o circunscriben las prácticas de torturas y malos tratos a reductos aislados".El informe recoge detalles de algunas resoluciones judiciales dictadas durante el año último, que condenan a seis guardias civiles y que procesan a otros nueve y a tres inspectores de policía. También indica las diligencias judiciales seguidas contra otros miembros de la Guardia Civil, siempre en relación con presuntas torturas o malos tratos a personas acusadas de terroristas, producidos en algunas ocasiones antes de 1982. En la presentación del informe, el presidente de la APDH, el abogado José María Mohedano, advirtió que ello se ha hecho porque revela las dificultades y la lentitud con que se tramitan estos procesos penales, que deberían merecer atención preferente.

Además de casos más conocidos, como el del policía José Manuel Castán, fallecido tras haber sufrido presuntamente torturas, el informe recoge algunas de las denuncias recibidas e investigadas desde septiembre de 1983 hasta ahora por la APDH, procedentes de detenidos acusados de delitos comunes. Entre los denunciantes figuran Francisco Reyes Fernández, Ángel Manzano Rubio, Soledad Montero Gómez, Luis Fernando Mira y los hermanos Santiago, Lourdes, Inmaculada y Con suelo Corella Ruiz, y el menor Alberto Pérez Ruiz, todos ellos en Madrid; en Tocina (Sevilla), Rafael Castro Ruiz; en Málaga, Francisco Javier Morales Castro.

Otras denuncias

Igualmente se detallan las denuncias por presuntos malos tratos policiales a diversas personas, formuladas por los sacerdotes José María de Llanos y Enrique de Castro, en Madrid, y por el presidente de la Asociación Riojana pro Inadaptados, además de por un educador y un sacerdote en Logroño. En cuanto a los malos tratos en los cuarteles, además del simulacro de fusilamiento realizado en Abena (Huesca), la APDH recoge, a título de ejemplo, la fuerte agresión de un teniente de complemento que recibió el recluta Rafael Aguilera cuando realizaba prácticas de tiro en el CIR de El Ferral de Bernesga (León).Según señala el informe y reiteró ayer el vicepresidente de la APDH, el fiscal José Antonio Martín Pallín, no se pretende desprestigiar a los cuerpos de seguridad del Estado de forma generalizada, sino todo lo contrario, ya que cuando se solicita la sanción de quienes practican la tortura se tiene en cuenta también que "con su agresión a la dignidad humana ponen en cuestión la eficacia profesional de aquellos otros que participan de los valores democráticos". Como prueba de esta actitud, Martín Pallín resaltó que el informe recoge el dato positivo de la apertura de expedientes disciplinarios a tres inspectores de policía presuntamente autores de malos tratos a Francisco Javier Ezpeleta Brum.

Martín Pallín afirmó que en materias como la tortura no se pueden hacer "lecturas bifocales de la Constitución" ni "se puede ser complaciente".